El INDEC en la mira: la estrategia del ocultamiento para maquillar la pobreza y el ajuste

6 febrero 2026 - 07:21

Mientras el índice oficial reporta pérdidas moderadas, la medición real arroja una caída del poder adquisitivo que supera los 11 puntos para los abuelos y los 16 puntos para los asalariados.

Por la Redacción Prensa Libre SN

La administración de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentan hoy una de las acusaciones más graves desde el inicio de su gestión: la manipulación deliberada del termómetro social de la Argentina. Tras la contundente denuncia penal presentada por la economista Julia Strada, se ha puesto al descubierto un esquema de intervención en el INDEC que busca, mediante la postergación de metodologías actualizadas, esconder el verdadero impacto de la inflación en los sectores más postergados. Al forzar una cifra de inflación artificialmente baja, el Gobiernono solo viola el secreto estadístico, sino que construye un relato de éxito macroeconómico cimentado sobre la invisibilización de los nuevos pobres que genera su plan de ajuste.

Esta maniobra de “apagón estadístico” tiene consecuencias devastadoras para la planificación de la vida cotidiana. Al sostener un Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en hábitos de consumo de hace veinte años, el Ministerio de Economía logra que los aumentos desproporcionados en tarifas y alimentos pesen menos en la estadística oficial de lo que pesan en el bolsillo real. Mientras el discurso oficial celebra una “desinflación” que seduce a los mercados internacionales, la realidad en las góndolas y en los recibos de servicios básicos cuenta una historia de privación que el Gobierno se niega a reconocer legalmente, rompiendo así la confianza mínima necesaria para negociar alquileres o paritarias justas.

El costo humano de esta manipulación recae con crueldad sobre jubilados y trabajadores registrados. Al utilizar una medición viciada, el Estado logra licuar los haberes previsionales y los salarios con una precisión quirúrgica; mientras el índice oficial reporta pérdidas moderadas, la medición real arroja una caída del poder adquisitivo que supera los 11 puntos para los abuelos y los 16 puntos para los asalariados. Es un mecanismo de transferencia de ingresos oculto tras la burocracia, donde la falta de transparencia se convierte en el arma principal para evitar que el descontento social se traduzca en reclamos legítimos basados en datos veraces.

Finalmente, este escenario de opacidad extiende sus sombras hacia otras instituciones clave como el Banco Central, donde la incertidumbre sobre las reservas de oro y los acuerdos internacionales refuerza la imagen de una gestión que prefiere el secreto al escrutinio público. La comparación con los peores momentos de la historia estadística argentina es inevitable. Si la justicia no actúa para frenar esta intervención en las mediciones, el país corre el riesgo de consolidar un modelo donde el éxito fiscal se logre simplemente borrando a los pobres de las planillas. La bandera de la transparencia, que fuera el motor de la campaña libertaria, parece hoy haber sido arriada para dar paso a un simulacro estadístico que ya no engaña a quien debe elegir entre pagar la luz o comprar comida.

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