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Martes 06 de Mayo de 2025
29 diciembre 2017 - 07:36
El 29 de diciembre de 1990 el Presidente Carlos Menem decreta el indulto y la libertad a los dictadores Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Eduardo Massera y Ramón Camps.
Menem firmó varios decretos para beneficiar a ex miembros de la dictadura militar, a funcionarios procesistas, a líderes guerrilleros y a los cabecillas de los motines contra el gobierno de Raúl Alfonsín.-
También favoreció a ex funcionarios de la dictadura y a civiles procesados por hechos protagonizados durante el gobierno de Isabel Perón.
Los decretos fueron firmados entre 1989 y 1990 con el argumento de lograr «la pacificación nacional».
Con el inverosímil argumento de «pacificar» el país, Carlos Menem eligió un lugar emblemático para anunciar los indultos a jerarcas de la dictadura militar: lo hizo el sábado 7 de octubre de 1989 en Chamical, La Rioja
En ese lugar del sur provincial, el 18 de julio de 1976, un grupo de tareas enviado por el Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córboda secuestra, tortura y asesina a los sacerdotes de la parroquia de Chamical, Grabriel Longueville y Carlos Murias.
La tarea de Menem se completa el 29 de diciembre de 1990 con el indulto y la libertad a los dictadores Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Eduardo Massera y Ramón Camps.
Incluyó además al ex jefe montonero, Mario Firmenich (encarcelado en 1984) y el ex general Suárez Mason (estuvo detenido tres años). Además de Firmenich otros tres civiles recuperaron la libertad con dicha medida, entre ellos la dirigente Norma Kennedy (procesada por malversación de fondos políticos).
Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad3 y a reabrir los casos.
El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.