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Dos años sin políticas provinciales de adicciones.

27 diciembre 2017 - 17:07

No es un problema de emergencias, ni de apoyo político ni de más dinero. La discusión debe centrarse en una correcta planificación que garantice la debida ejecución presupuestaria.

Al cumplirse los primeros dos años de gestión de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, el balance de lo actuado hasta el momento en materia de adicciones es sumamente pobre. No sólo no se modificó el escenario legado del anterior Gobierno en este campo (valga el archivo, una promesa de campaña), sino que en varios aspectos la crisis de la política provincial sobre drogas se agudizó al punto tal de su cuasi inexistencia. Pero hay varias señales que es preciso puntualizar para entender el derrotero de un tópico que, claramente, es apenas una anotación marginal en la agenda política de estos tiempos.

A saber: la primera medida de la ex ministra Zulma Ortiz al asumir la cartera sanitaria fue bajar de rango al área responsable, convertirla en dirección y ubicarla bajo un extraño engendro denominado Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física y Mental y de las Adicciones, que ocupó la ex senadora provincial giustozzista Patricia Segovia. Menor rango institucional significa, lisa y llanamente, menor rango de interés. Dicho de otro modo, pasamos de la jerárquica Secretaría de Asistencia y Prevención de las Adicciones en tiempos de Juan Alberto Yaría, allá por la década del noventa, a una desdibujada Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones como apéndice de una subsecretaría de confusa denominación.

Para que exista política pública sobre drogas sólida, clara y sostenible en el tiempo, es necesario que el funcionario designado cuente con la idoneidad necesaria, cierta especificidad en el abordaje de la temática y que su permanencia en el cargo le posibilite plasmar los lineamientos definidos al iniciar la gestión. Nada de esto se cumplió.

Para empezar, es todo un síntoma que en apenas dos años los dos funcionarios a cargo del área dieran un portazo de alejamiento. La primera, Segovia, supuestamente disconforme con el giro que se les pretendía imprimir a las políticas provinciales luego de la declaración de la emergencia nacional en adicciones de fines del 2016, decreto del Poder Ejecutivo Nacional al cual la provincia de Buenos Aires nunca adhirió. El segundo, el radical olavarriense Raúl Pitarque, por cuestiones estrictamente éticas al haber sido designado en el cargo por la renunciante Zulma Ortiz.

Transcurridos casi cien días de acefalía, todo un síntoma de desinterés, el nuevo secretario de Salud de la provincia, Andrés Scarsi, ubicó en la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física y Mental y de las Adicciones a otro grindettista: el joven Hernán Forli. Sin desmerecer en absoluto la formación profesional y la trayectoria público-privada de Forli, es todo un mensaje político-institucional que la dependencia a cargo de la estrategia provincial de adicciones quede a cargo de un médico generalista sin probada experiencia en la temática. En tiempos en los que se requiere un despliegue territorial de acción inmediata que permita empezar a extinguir el incendio, no existe tiempo para improvisaciones al tanteo ni para aprendizajes sobre la marcha. La emergencia es urgencia.

Como dije anteriormente, el rango institucional que una administración le asigna a una temática determina el grado de importancia que esa temática tiene en términos de prioridades para dicha administración. A su vez, esto determina otra variable sumamente importante al momento de verificar la intencionalidad concreta de trabajar seriamente la problemática de las adicciones: la asignación presupuestaria. A mayor jerarquía organizacional, mayor estructura funcional y mayor presupuesto. Esta premisa no aplica a la subsecretaría a cargo de Forli.

Para el ejercicio 2018, adicciones y salud mental recibirán una partida de 1.078.778.694 pesos, de los cuales 921.910.000 pesos corresponden a gastos en personal. Esta cifra constituye menos del 3% de lo que gastará el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el año que viene. Y si analizamos el impacto sobre el presupuesto general de la jurisdicción, la marginalidad de la temática en la agenda se expresa también en términos de marginalidad de fondos, tanto en provincia como a nivel nacional. A saber: adicciones representa un 0,17% del presupuesto general provincial 2018, y apenas un 0,04% del total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración nacional. Un porcentaje muy lejano al 1,5% propuesto en reiteradas oportunidades por el especialista en políticas sociales y ahora diputado nacional Daniel Arroyo.

Pero suponiendo que existiera una renovada voluntad del Gobierno de Vidal de fortalecer presupuestariamente a la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física y Mental y de las Adicciones provincial, existe otro impedimento para relanzar la política pública provincial sobre drogas: la mala praxis administrativa simbolizada en el vicio de la subejecución de partidas, un mal endémico de esta administración. A noviembre de este año, y conforme con los datos que surgen de la Contaduría General, se gastaron 52.857.918 pesos de los 467.063.914 pesos asignados a salud mental y adicciones.

Si todo un trimestre del 2017 la subsecretaría estuvo acéfala, de algún modo es comprensible, mas no justificable, que el gasto esté por debajo de la meta fijada. Pero esta misma situación también se repitió el año pasado. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero y septiembre del 2016, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ejecutó apenas el 6,6% de la partida correspondiente a salud mental y adicciones.

Resulta indignante que en una provincia en la cual, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, sólo en el Conurbano bonaerense existirían 86.052 jóvenes con adicciones severas a las drogas y otros 86.727 con síntomas de consumo patológico de alcohol, una verdadera epidemia silenciosa que impacta sobre todo en las poblaciones más vulnerables, exista dinero sin utilizar. No es un problema de emergencias, ni de apoyo político ni de más dinero. La discusión debe centrarse en una correcta planificación que garantice la debida ejecución presupuestaria. Insisto con que la idoneidad, a la par de la honestidad, debería ser un requisito excluyente para acceder a un cargo público.

En relación con las políticas, los planes o los programas implementados hasta el momento, el saldo es deficitario. La red pública de atención de adicciones que funcionaba en todo el territorio de la provincia, en cada municipio, y que llegó a ser una de las más importantes de Latinoamérica, continúa devastada, desfinanciada y cada vez más desmantelada. ¿Dónde quedó aquella promesa de campaña de Mauricio Macri, rubricada para siempre en el debate televisivo con Daniel Scioli, del Estado presente y de los Centros de Tratamiento Integral de las Adicciones en todo el país? ¿No era un tema sobre que existía absoluta coincidencia con la actual gobernadora?

Carencia de datos estadísticos, trabajadores precarizados y desmotivados, alquileres impagos, comunidades terapéuticas en condiciones edilicias precarias, falta de profesionales para atender la creciente demanda social, acompañada por meses y meses de subsidios adeudados a las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas y habilitadas para llevar adelante el tratamiento de personas en todo el territorio de la provincia. En contrapartida, la oportuna irrupción de instituciones «especializadas» en drogadependencias, sin control del Estado ni cumplimiento de estándares mínimos prestacionales. El complejo problema de las adicciones encorsetado bajo el paradigma de la ley de salud mental, a la cual provincia adhirió mediante ley 14.580, que hoy es un obstáculo más que una herramienta.

A esto se le suma la bajada a todas las regiones sanitarias de la provincia de un programa de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (ex Sedronar) denominado Municipios en Acción, un enlatado destinado a repetir el fracaso de su implementación originaria en la provincia de Córdoba. Este tipo de planes de capacitación para el desarrollo de políticas municipales sobre drogas, tema que desarrollé en columnas anteriores, ha demostrado tener bajísima adherencia. Repetir recetas fallidas es darle la espalda a la experiencia. Sin embargo, en provincia de Buenos Aires se insiste con la intención de implantar este modelo de probada ineficacia.

El problema de las drogas exige un gran compromiso y decisión política por parte del Estado provincial, hoy claramente desdibujado. Es necesario elevar de rango el área de adicciones, ampliar sus competencias sobre la temática, reincorporando bajo su órbita al Registro Provincial de Expendio de Bebidas Alcohólicas (REBA), y repensar el abordaje del fenómeno con una mirada integral y multidimensional, que articule los esfuerzos de reducción de la oferta y de la demanda de drogas. En materia de tratamiento, es urgente recuperar el antiguo esplendor de los Centros Provinciales de Atención (CPA), habilitar sedes regionales de referencia para la derivación de casos complejos, suspender la vigencia de la ley provincial 14580 y diseñar un marco específico de abordaje de las problemáticas derivadas del consumo de sustancias con un enfoque social.

Con respecto al papel de los municipios, se debe definir un programa de descentralización, con apoyatura económica, que acompañe a los intendentes en la definición de sus propias políticas y herramientas, y jerarquizar el papel de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos preventivos en territorio. También es necesario reflotar el programa de formación de formadores Líderes para el Cambio, y desarrollar un esquema de tutorías cuerpo a cuerpo para la integración social, educativa y laboral de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, con la escuela como núcleo de contención.

En simultáneo, la venta de drogas en los barrios debería ser atacada de raíz con políticas específicas, en cumplimiento con lo previsto en la ley de desfederalización 26052, pensada justamente para la provincia de Buenos Aires, que adhirió en 2005 mediante ley provincial n° 13392. No existe reducción de la demanda sin reducción de la oferta. Pero una de las principales barreras para el trabajo en el campo de la lucha contra el narcomenudeo fue la falta de fondos: la norma establece que el Estado nacional debe transferir recursos, algo que nunca se cumplió. No obstante la falta de presupuesto, el caso de Córdoba y el de Salta son ejemplos concretos de cómo provincializar las políticas de reducción de la oferta de drogas y tener éxito. El primero, con la creación de una fuerza específica y especializada. El segundo, con la modificación de Código Procesal Penal para mejorar la efectividad del trabajo policial en la materia. La experiencia de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), que funciona en Salta desde 2013, también merece ser explorada no sólo por constituir una alternativa al encarcelamiento para personas con una dependencia, sino también por la mirada socio-sanitaria que aporta al rígido ámbito de la seguridad y de la Justicia.

Lo ratifico. El balance de lo actuado hasta el momento en materia de adicciones por la gestión Vidal es sumamente desalentador. Pero si hay algo de todo este escenario que debería realmente preocuparnos, es el avance de una epidemia silenciosa, que hace tiempo quebró las fronteras del Conurbano y que se expande en todo el territorio provincial con el alcohol como principal problema. El caso de Roque Pérez, localidad rural de poco más de 10 mil habitantes, a 160 kilómetros de La Plata, es ciertamente paradigmático y sirve como conclusión final. Allí, el intendente Juan Carlos Gasparini contrata en la planta municipal a jóvenes con problemas de consumo de sustancias para brindarles cobertura social a través de IOMA y así internarlos para que realicen un tratamiento que, de otra forma, jamás podrían realizar. Y sin resolver estos miles de casos en los que por imposibilidad de tratamiento no se logra romper el círculo vicioso de la adicción, la violencia y la inseguridad, en breve el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad les caerá como anillo al dedo a muchos.

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