Desde la CGT se cuestionó la falta de participación en el debate sobre una eventual reforma laboral

16 noviembre 2025 - 12:09

Jorge Sola, afirmó que el Gobierno “invierte el orden de prioridades”, argumentando que la reforma urgente para promover la inversión productiva no es la laboral sino la tributaria.

El cotitular de la CGT, Jorge Sola, advirtió que la discusión sobre una posible reforma laboral en la Argentina avanza “entre trascendidos” y sin la presencia de los actores que, según remarcó, deberían ocupar un lugar central: “los empleadores productivos y la fuerza de trabajo”. En declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que cualquier intento de impulsar cambios “sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa, nace viciado”.

Sola afirmó que el Gobierno “invierte el orden de prioridades”, argumentando que la reforma urgente para promover la inversión productiva no es la laboral sino la tributaria. “Bajen los impuestos, que para eso vino este gobierno”, expresó. También aseguró que la CGT llega “fortalecida y unida” al debate que podría abrirse en el Congreso, al tiempo que destacó que el movimiento obrero “no sólo está para resistir, sino también para aportar soluciones”.

El dirigente señaló que, por el momento, no existe un proyecto formal enviado por el Poder Ejecutivo. “Estamos evaluando, pero son todas incertidumbres; no tenemos un proyecto que estemos visualizando. Todo lo que hay son trascendidos. El Gobierno hace trascender versiones y al rato las desmiente. Así no hay posibilidad de un tratamiento serio”, afirmó. En ese marco, expresó preocupación porque “los dos actores principales que sufrirían las consecuencias de una ley —la inversión productiva y los trabajadores— no están sentados en ninguna mesa de consulta”.

Consultado por el funcionamiento del Consejo de Mayo, Sola respondió: “Está Gerardo Martínez representándonos, pero no hay ningún tratamiento serio. Sólo propuestas muy generales que pretenden replicar el decreto 70/23, ese que declaramos inconstitucional y la Justicia nos dio la razón”.

El dirigente sindical insistió en que una ley laboral de carácter transversal “es inviable y contraproducente”, ya que las realidades productivas difieren entre sectores. “Ninguna actividad es igual a otra. Las modernizaciones deben hacerse por sector, porque un banco, una compañía de seguros y la minería tienen realidades laborales completamente distintas”, explicó. Como ejemplo, mencionó que “en servicios se trabaja 7 horas; la minería opera con esquemas 15 por 15 y jornadas de 12 horas”, mientras que los convenios colectivos “se vienen modernizando” e incorporan modalidades como home office, trabajo a distancia e IA.

Sola remarcó que el Estado debe participar en cualquier instancia de reforma, pero “de manera inteligente, eficaz, no burocrática, presente para garantizar reglas claras en la inversión productiva”. Sostuvo que estas discusiones deberían convertirse en políticas de Estado, más allá de los cambios de gobierno. En cuanto a los tiempos legislativos, consideró que un eventual proyecto recién podría llegar al Congreso “después del tratamiento del Presupuesto”, es decir, en febrero. “Si la discusión es solo política, está mal planteada. Las comisiones escuchan a los sectores, pero la letra chica no cambia. Y ahí está el problema”, agregó.

Frente a las críticas empresarias por el temor a juicios laborales, Sola respondió: “Si el empleador paga lo que corresponde, el juicio no existe. Tomar trabajadores en negro es un delito, lo dice la ley”. Aunque reconoció que los procesos judiciales prolongados afectan a ambas partes, responsabilizó a la Justicia y no al marco laboral: “Si hay distorsiones, vayan a corregirlas donde corresponden, no carguen contra los trabajadores”.

Para Sola, la reforma prioritaria es la impositiva: “Una pyme que quiere nacer paga impuestos nacionales, provinciales y municipales antes de contratar un solo trabajador. La carga tributaria representa entre el 30% y el 40% de sus ventas. Si queremos inversión productiva, bajen impuestos”.

En relación con los dichos del ministro Toto Caputo sobre eliminar los aportes sindicales obligatorios, aclaró: “El aporte sindical es obligatorio solo si el trabajador está afiliado. La afiliación es un derecho constitucional. Afiliado o no, los beneficios de las paritarias se aplican igual, pero el aporte es solo para afiliados”. Y advirtió: “Lo que debilite la representación gremial es inconstitucional. El Pacto de San José de Costa Rica lo establece claramente”.

Sola cerró con un mensaje político sobre el rol de la central obrera: “Llegamos fortalecidos, unidos y con una mirada proactiva. No estamos solo para oponernos. Estamos para aportar soluciones que generen más trabajo, mejores condiciones y mejores salarios”. Y concluyó: “Representamos a todos los trabajadores, voten al peronismo o no. Los intereses de los laburantes no tienen afiliación partidaria”.