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De la mano de Bullrich y Milei, 4 de cada diez manifestaciones fueron reprimidas
10 enero 2026 - 13:00
El primer año de gestión, el blanco fueron los movimientos sociales a durante el segundo, la presa común fueron los jubilados
Durante el segundo año del gobierno de Javier Milei se duplicaron las acciones represivas contra la protesta social, según el informe anual publicado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. El relevamiento advierte que cuatro de cada diez movilizaciones públicas fueron reprimidas a lo largo del último año, con un fuerte incremento de personas heridas y detenidas, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo.
De acuerdo al informe, la CPM monitoreó 79 marchas durante el período analizado, de las cuales 34 registraron hechos represivos. La cifra contrasta con lo ocurrido en 2024, cuando se relevaron 60 movilizaciones y se constataron episodios de represión en 17 de ellas. En el total de las protestas reprimidas del último año, el organismo contabilizó al menos 1.369 personas heridas.
El documento dedica un apartado especial a los casos de lesiones graves. Allí menciona a Pablo Grillo y también a Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de uno de sus ojos tras recibir impactos de balas de goma. En ese marco, la CPM subraya que “se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos entre un año y otro y se cuadriplicaron la cantidad de heridos en adultos mayores”.
En relación con las privaciones de la libertad, el informe señala que durante el segundo año de la gestión de Milei se produjeron 165 detenciones arbitrarias. En el primer año de gobierno, coincidente con la implementación del protocolo antipiquetes impulsado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se habían registrado 93 detenciones de este tipo.
Bajo el título “Represión sistemática pero selectiva”, el organismo no solo atribuye responsabilidades al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich, sino también al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Siguen incrementando la represión a la protesta social para disuadir el repudio callejero y malestar que generan las políticas socioeconómicas de la gestión del Estado nacional”, sostiene el informe.
La CPM agrega que la represión “ha sido sistemática, pero selectiva” y estuvo dirigida contra movimientos sociales, sindicales y políticos con el objetivo de “limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”. En ese sentido, el documento traza una caracterización temporal: “Durante el primer año de gobierno de Javier Milei el objetivo principal de la represión fueron las movilizaciones con fuerte componente de las organizaciones sociales o piqueteras. En el segundo año el blanco pasaron a ser las agrupaciones de jubilados que se movilizan los miércoles frente al Congreso”.
El relevamiento también detalla el impacto de la represión sobre distintos sectores. Además de los trabajadores de prensa, se registraron 155 jubilados heridos y cinco casos de niños y adolescentes alcanzados por la violencia estatal. A su vez, el informe consigna 20 casos de defensoras y defensores de derechos humanos que, mientras monitoreaban las manifestaciones, también fueron reprimidos.
En cuanto a los métodos empleados por las fuerzas de seguridad, la CPM describe un amplio despliegue de armamento y recursos represivos. Entre ellos, menciona el uso de armas con postas de goma disparadas a quemarropa o a escasos metros contra el rostro o el torso; gas pimienta o irritante lanzado a corta distancia y de manera arbitraria; disparos cinéticos con gas pimienta o químicos mediante pistolas o escopetas Byrna; granadas de gas lacrimógeno disparadas con escopetas; agua a presión desde camiones hidrantes; y golpes con bastones y tonfas contra manifestantes.
Sobre las detenciones arbitrarias, el informe precisa que aumentaron un 77 por ciento. Del total de 258 detenciones efectuadas por fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires en los dos años de gestión, 165 ocurrieron en 2025, superando ampliamente las 93 registradas en 2024. En la mayoría de los casos, las detenciones se produjeron durante la desconcentración de las marchas, con imputaciones basadas en figuras como atentado y resistencia a la autoridad o daños.
El documento también denuncia la realización de tareas de inteligencia ilegal, detectadas en el 69 por ciento de las movilizaciones relevadas, y la portación de armas de fuego con balas de plomo —prohibidas para este tipo de operativos— en el 78 por ciento de los casos.
Finalmente, el informe concluye con una advertencia política e institucional: “El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos por parte del presidente es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos”, sostiene la CPM, y añade que “este posicionamiento está lejos de inscribirse en las tolerables diferencias y perspectivas que pueden darse en una democracia plural”.
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