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Jueves 13 de Noviembre de 2025
11 noviembre 2025 - 11:11
El gobierno de Javier Milei dispuso terminar con los controles en las escuelas privadas. En provincia de Buenos Aires hay una norma que podría salvar a los padres de aumentos desmedidos
El Gobierno nacional dispuso la desregulación total de los aranceles en los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida deroga el Decreto 2417/1993, que regía desde hace más de tres décadas y establecía un sistema de control estatal sobre los precios de las matrículas y cuotas en los establecimientos educativos de gestión privada de todo el país.
Con esta decisión, los institutos privados ya no deberán comunicar ni obtener autorización previa del Estado para modificar los montos que cobran a las familias. De esta forma, los colegios podrán fijar libremente sus aranceles, sin intervención del Ministerio de Educación nacional, lo que representa un cambio estructural en la relación entre el Estado y el sector educativo privado.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que la normativa derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. También señaló que el esquema vigente había sido diseñado en un contexto en el que la educación estaba bajo administración nacional, y que tras el traspaso de competencias a las provincias, “resulta necesario revisar el marco normativo existente para promover un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos privados”.
El texto oficial sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica del sector”. En ese sentido, el decreto plantea que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, al impedirles ajustar sus precios conforme a los costos operativos reales.
Además, el Gobierno destacó que los establecimientos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad. Según la visión oficial, la rigidez de los controles podía incluso “afectar la calidad educativa”, al restringir la posibilidad de los colegios de responder con agilidad a los aumentos de costos e insumos.
Si bien la desregulación rige a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires la situación podría diferir, ya que el Gobierno bonaerense mantiene la potestad de autorizar los incrementos en las cuotas de los colegios privados. En ese contexto, fuentes del sector educativo anticipan que el Ejecutivo provincial no se sumaría a la desregulación libertaria impulsada por Nación, por lo que la medida podría tener efectos recién a partir del ciclo lectivo 2026.
El Decreto 787/2025 marca así el fin de un régimen de control estatal vigente desde 1993 y abre un nuevo escenario para el sistema educativo privado argentino, en el que las instituciones podrán fijar libremente sus precios, mientras las provincias evalúan si adoptarán o no el mismo criterio.