Causa “El Villazo”: juicio a dos exempleados jerárquicos de Acindar y a 16 expolicías

11 junio 2025 - 10:48

La fiscalía describió el contexto histórico de la represión a los trabajadores metalúrgicos y ferroviarios en Villa Constitución en 1975

En el juicio a dos exempleados jerárquicos de Acindar y a 16 expolicías, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) centraron las primeras jornadas de su exposición en la relación de esa empresa con el Estado y la UOM nacional. El proceso aborda los crímenes contra 67 personas, calificados como privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita, a partir de la represión desatada el 20 de marzo de aquel año. El alegato continuará el 17 de junio.

La Unidad de Derechos Humanos de Rosario, representada por los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, desarrolló la primera parte del alegato en el juicio por los secuestros de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios en la zona industrial de Villa Constitución en 1975.

En el proceso, dos exempleados jerárquicos de Acindar, 15 expolicías federales y un expolicía provincial están acusados de haber intervenido en distintos casos de privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita contra 67 víctimas.

Los hechos por los que fueron llevados a juicio ocurrieron durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como “El Villazo”. De acuerdo con la acusación fiscal, los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de ese año y las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos.

Los días 26 y 27 de mayo y 2 y 3 de junio, los auxiliares fiscales comenzaron a exponer de manera individual los casos que involucran a las 67 víctimas. El alegato fiscal continuará el próximo 17 de junio.

El contexto general

Durante las primeras jornadas de alegato, los representantes de Ministerio Público Fiscal repasaron el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos, para analizarlos no como sucesos aislados sino como parte de una continuidad histórica de represión al movimiento sindical, social y político, que se intensificó con la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. En su relato hicieron foco en el rol de ACINDAR S.A. en la industria siderúrgica argentina y en sus relaciones con el gobierno a lo largo de los años.

Los fiscales desarrollaron los conceptos de “captura del Estado” y “reconfiguración cooptada del Estado” para referirse a situaciones en las que firmas como Acindar influyen en la formulación de leyes, normas y políticas públicas para favorecer sus intereses en detrimento del bienestar general, con “una captura que no solo es económica, sino también política, social y moral”.

Marcaron que, de acuerdo a este repaso, la relación entre ACINDAR y el Estado alcanzó su punto máximo durante la última dictadura cívico-militar con la designación de un general al frente de la empresa y del expresidente de la firma, José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro de Economía, “consolidando un sistema de favores mutuos”.

La represión en Villa Constitución

De acuerdo al repaso histórico, Villa Constitución fue escenario en 1975 de un experimento represivo que sirvió como “prueba piloto” para el modelo de “disciplinamiento social” que se aplicó a nivel nacional tras el golpe de 1976.

La fiscalía señaló que, bajo la dirección del ingeniero Arturo Acevedo, Martínez de Hoz y del general Alcides López Aufranc, ACINDAR se benefició de ventajas estatales, como créditos preferenciales, exenciones fiscales, precios subsidiados de materia prima y la absorción de deudas por el Estado. A cambio, la empresa colaboró con el Estado, facilitando la represión de los trabajadores y el movimiento sindical.

En ese sentido, narró que el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución fue “militarizada” por un operativo conjunto de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, policías provinciales de Santa Fe y Buenos Aires, grupos parapoliciales como la Triple A, la Juventud Sindical y personal de la Secretaría de Informaciones del Estado, todo bajo control operacional y con intervención del Ejército Argentino, por orden del Poder Ejecutivo Nacional.

Con una participación total de 4 mil efectivos y 105 vehículos, se llevó a cabo un procedimiento que derivó en la detención de unas 300 personas, incluyendo dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, miembros de la Comisión Interna de ACINDAR, activistas y trabajadores de otros gremios. Las personas detenidas fueron llevadas a centros clandestinos de detención, como el denominado “Albergue de Solteros”, dentro de la planta de ACINDAR, donde fueron sometidos a torturas, recordó la fiscalía.

Añadió que la represión incluyó allanamientos, asesinatos, amenazas y la intervención del sindicato local. Puntualizó que el objetivo era desarticular el movimiento obrero y consolidar la concentración de la industria siderúrgica, beneficiando a ACINDAR en un contexto de duopolio con la empresa DALMINE – SIDERCA del grupo Techint. Así, se citó un informe elaborado por de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público Fiscal que detalla conductas empresariales que implican responsabilidad penal y civil en violaciones de derechos humanos.

El movimiento sindical y “El Villazo”

La fiscalía recordó que, durante la década de 1970, los trabajadores de la firma organizaron agrupaciones como el Grupo de Obreros de Acindar (GODA), el Grupo Obrero Combativo de Acindar (GOCA) y el Movimiento de Recuperación Sindical (MRS), que luego se convirtió en la Lista Marrón. Su objetivo, marcó el MPF, estuvo centrado en mejorar las condiciones laborales, la atención en salud, mejoras salariales y seguridad en el trabajo, además de recuperar la seccional local de la UOM, que estaba intervenida por el gremio a cargo del secretario general Lorenzo Miguel.

En este punto, la fiscalía indicó que la toma de la fábrica de ACINDAR en 1974, conocida históricamente como “El Villazo”, marcó un hito en la lucha obrera. Explicó que este movimiento contó con el apoyo de la gran mayoría de los trabajadores y la adhesión de la comunidad en otros rubros, como comerciantes, portuarios, maestros y ferroviarios para exigir elecciones sindicales y la reincorporación de delegados despedidos. Al respecto, la fiscalía sostuvo que, luego de varias negociaciones, el 16 de marzo de 1974, se firmó un acta en la que se convocó a elecciones gremiales a celebrarse en 120 días, pero explicó que las tensiones persistieron debido al incumplimiento de la UOM nacional.

En la reconstrucción de la saga histórica que derivó en la represión, la fiscalía recordó que en noviembre de 1974 la Lista Marrón ganó las elecciones, tras haber logrado aumentar la cantidad de afiliaciones sindicales de 4 mil a 7 mil.

Agregó que, sin embargo, el triunfo devino en una reacción de hostilidad por parte de la UOM nacional y de ACINDAR, que respaldaron la expulsión de los integrantes de las comisiones internas constituidas en marzo de 1974, lo que desencadenó en la toma de fábricas y en una solidaridad masiva en Villa Constitución.

La responsabilidad empresarial

De acuerdo con los fiscales, en aquel contexto ACINDAR desempeñó un rol activo en la represión, proporcionando infraestructura, como en el caso del “Albergue de Solteros” utilizado como sitio de tortura, y apoyo logístico a las fuerzas represivas. A cambio, marcaron los representantes del MPF, la empresa obtuvo:

La obtención de diversos beneficios mediante su inclusión en el Plan Siderúrgico Nacional.

El acceso a información privilegiada al integrar el directorio de SOMISA con capital privado.

Precios subsidiados de materia prima y promociones industriales, con exenciones y diferimientos fiscales.

El disciplinamiento de sus trabajadores a través de la represión del movimiento sindical.

La obtención de créditos de la banca estatal y de organismos multilaterales en condiciones diferenciales.

La asunción y absorción por parte del Estado nacional de toda la deuda interna y externa contraída por la empresa.

La permisividad de venta de sus productos en el mercado interno a precios que duplicaban o triplicaban los precios a que esos mismos productos eran exportados.

La posibilidad de adquisición, absorción y disolución de otros grupos empresarios y pequeñas y medianas empresas que no recibieron similares beneficios.

Los fiscales señalaron que estas ventajas consolidaron a ACINDAR como líder en el duopolio siderúrgico, tras eliminar la resistencia obrera y absorber empresas menores. Al respecto, los representantes del MPF indicaron que, bajo la influencia de la Trilateral Commission y figuras como el multimillonario David Rockefeller, justificó la represión como un medio para “ordenar” la fuerza laboral organizada, a la cual veía como “un obstáculo para la modernización económica”.

La Influencia de la “Escuela Francesa”

Por otro lado, los fiscales describieron que la represión en Villa Constitución se inspiró en la denominada doctrina de la “Escuela Francesa” de contrainsurgencia, adoptada por el Ejército Argentino desde la década del ’60 a partir de la experiencia de los militares franceses en las guerras coloniales de Argelia e Indochina. Describieron que el uso del terror como arma contra la población, la identificación del enemigo interno dentro de la sociedad civil y la tortura como método de obtención de información fueron los principales rasgos del método represivo que caracterizó a aquella doctrina.

Precisaron que la “Escuela Francesa”, bajo la influencia de la organización integrista católica de Francia “Cité Catholiqué”, definió a la “subversión” como “cualquier oposición al orden cristiano o capitalista”, y puntualizaron que su bibliografía justificó la tortura y el asesinato clandestino.

El impacto económico y social

De acuerdo a la exposición realizada por los representantes del MPF, la militarización de las fábricas y la persecución a los delegados sindicales consolidaron un modelo productivo basado en la explotación violenta de los trabajadores.

Agregaron que, bajo este esquema, la represión en Villa Constitución no solo buscó eliminar la oposición política, sino también reestructurar la economía en favor de grandes grupos empresariales. Los fiscales sostuvieron que, en este contexto, la resistencia obrera encabezada por la Lista Marrón fue vista como una amenaza por ACINDAR y la UOM nacional, que colaboraron con las fuerzas represivas para frenar los avances en derechos laborales y democracia sindical.

Para los representantes del MPF, la represión sistemática estuvo no solo ejecutada en las detenciones masivas llevadas a cabo el 20 de marzo de 1975, que afectó a dirigentes sindicales, activistas, sus familiares y allegados, sino también con asesinatos ejecutados en reuniones sociales y torturas en centros clandestinos de detención, como el Albergue de Solteros de ACINDAR y la Jefatura de Policía de Villa Constitución.

También señalaron la persecución sufrida por abogados que apoyaban a los trabajadores como parte de una represión que también se extendió a Rosario, San Nicolás y otras ciudades del cordón industrial, además de operativos coordinados que identificaban a los trabajadores como “subversivos” para justificar su detención, aunque la mayoría pertenecía a partidos políticos legales como el Partido Comunista, el Socialista de los Trabajadores o el Justicialista.

Los acusados

La lista completa de acusados que llegaron a esta instancia de debate incluye al exjefe de división personal de Acindar, Roberto Pellegrini, y Ricardo Oscar Torralvo, expersonal jerárquico de la firma; los expolicías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Faccendini, Roberto Oscar Giai, Aldo Ramón Gradilone, Carmen Amanda Grossoli De Hellaid, Jorge Aníbal Lozano Windus, Emilio Hugo Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Miguel Nardi, Juan Carlos Romero, Roberto Raúl Squiro, Daniel Vicente Valdés y Oscar Alberto Vessicchio, y el exintegrante de la Guardia Rural «Los Pumas» de la Policía de Santa Fe, Amadeo Chamorro.

Durante el transcurso del juicio, que inició el 13 de noviembre de 2023, fallecieron los siguientes acusados: exjefe de inteligencia y personal del Área Militar 132 con sede en San Nicolás, Antonio Federico Bossié; el exteniente coronel del Ejército Bernardo Luis Landa; y los expolicías federales Jorge Argentino Coronel y Bernardino Sambrana.

Además, el proceso fue suspendido por incapacidad sobreviniente respecto de Leonardo Dec y Osvaldo Esteban Petroli, también expolicías federales.