21 febrero 2023 - 21:42

El abogado que denuncia a la fiscal afirma que los trabajadores del sindicato de Camioneros que él representa continúan imputados porque «si se sobresee a los cuatro defendidos, se benefician Espíndola y Cabaleyro” y se cae «todo el circo armado».

Aunque poco resuene mediáticamente la causa judicial que mantiene detenidos a dos dirigentes Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, y a otros integrantes del sindicato imputados de “Extorsión – Art. 168. Turbación de la posesión o tenencia de inmueble, Art. 181, Inc. 3º”, a nivel judicial el expediente se sigue “moviendo”, como se dice comúnmente.

Días pasados el Dr. Gabriel Ruíz, representante legal de Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda y Matías Torres, todos ellos imputados del mismo delito que Cabaleyro y Espíndola, no solo recusó sino que también denunció penalmente a la fiscal María Del Valle Viviani que instruye la causa de los Camioneros.

El letrado, en un extenso escrito presentado el 17 de febrero último ante el Juzgado de Garantías junto a varios videos de medios sampedrinos que estuvieron presentes durante la protesta del sindicato en la empresa Rey Distribución, manifiesta quele resulta “incoherente que la Fiscal le reconozca reiteradamente a Cabaleyro que la medida de fuerza es lícita y que luego acuse a los trabajadores de Turbación de la posesión y coacción”. Y pregunta, “Si como afirma la Fiscal había Turbación de la Posesión y Coacción ¿Por qué no actuó en el momento deteniendo ‘in fraganti delito’ a los delincuentes?”.

Ruiz agrega (también adjuntó videos que acompañan su afirmación) que “las únicas amenazas partieron de Rey”, casi echando por tierra la acusación que recayó en ese sentido sobre sus representados. Por otra parte, con material fílmico que apoya la acusación, señala que la Dra. Viviani “ordenó ilegalmente” que los huelguistas corrieran un motorhome, orden que fue acatada de inmediato por los Camioneros y que dejó “abstracta la medida de fuerza”.

Por otra parte, el letrado explica que “El objeto de impedir la salida de los camiones, fue que no los manejaran personal sin autorización para conducir dichos vehículos, situación que la fiscal se negó a constatar a pesar del reiterado pedido del gremialista. La fiscal incumple funciones”.

El representante legal de los trabajadores imputados junto a Espíndola y Cabaleyro, agrega en su presentación que “Rey, reconoce públicamente que pudo distribuir normalmente con trabajadores en negro, dejando a la fiscal sin sustento sobre afirmar que el gremio impidió garantías de trabajo, libre uso del galpón y circulación. También quedó establecido por verse en las filmaciones que todo el personal dependiente del gremio de Comercio trabajó normalmente. NO HUBO NI TURBACION, NI AMENAZAS NI EXTORSION NI COACCION, por parte de mis defendidos”. Asimismo y también adjuntando un video, el letrado remarca que “Rey reconoce que amenazó a un empleado de la protesta. Sabía que había sido denunciado por ello sin inmutarse”.

Viviani “se cortó sola”.

En su denuncia contra la Dra. María del Valle Viviani, Ruíz afirma que la funcionaria cometió “abuso y desvío de poder” y argumenta que “No se ha visto en la historia del MPFBA que el fiscal, en forma directa, vaya a comandar acciones, sin manda judicial amparante (no consta en expediente), tomando decisiones impropias de su competencia como ordenar 1: el corrimiento ‘del camión’ (motorhome); 2: Reconocimiento ilegal de los participantes de la protesta (típico de gobiernos militares) y elegir tomar medidas en favor de quienes hacen una denuncia penal infundada porque no hubo delito”. Como si resultara escasa la mencionada acusación, el letrado agrega que “La Fiscal hizo caso omiso a las denuncias de Cabaleyro, no investigó estando de turno, ni posteriormente. Quede planteado la nulidad (204 CPPBA) del procedimiento llevado adelante por la fiscal quien como dice el vulgo ‘se cortó sola’ esgrimiendo facultades inherentes a los jueces y con ello violando no solo la ley, también el Código de Ética del MPFBA como detallaremos en punto adelante”.

“La fiscal no cumplió la manda legal del art. 287 del CPPBA”, según la denuncia de Ruíz.

«Si se sobresee a los cuatro defendidos de Ruíz, se benefician Espíndola y Cabaleyro” y se cae «todo el circo armado».

El Dr. Gabriel Ruíz interpreta que “la fiscal dejó claro el real motivo de no acompañar el sobreseimiento a mis defendidos” cuando fue debidamente presentado. Oportunamente la Dra. Viviani interpuso ante el pedido del defensor: “Dejo asentado, que ambas causales por las cual se solicita el sobreseimiento y teniendo en consideración el estado procesal y el avance de la investigación penal preparatoria no puedo dejar resaltar que respecto a los hechos achacados a los defendidos del Dr. Ruiz también se encuentran imputados Espíndola Fermando y Maximiliano Cabaleyro todos son autores de los delitos de Turbación de la posesión y coacción”, lo cual es interpretado por el letrado denunciante de la siguiente manera: “Si se sobresee a los cuatro defendidos de Ruiz, se benefician Espíndola y Cabaleyro, cayéndose el argumento del Concurso Real que suma los ocho años para imponer la prisión preventiva, y no puedo pedir Proceso Criminal, cayéndose todo el circo armado…¿se entiende?”.

Los motivos de la denuncia a Viviani:

Si bien las afirmaciones y acusaciones del letrado denunciante son muchos más extensas, se puede resumir que Ruíz interpreta “parcialidad manifiesta” de la Dra. Viviani y por consiguiente plateó “la nulidad de las actuaciones realizadas” por esta. A su vez, agrega que “por quedar en evidencia que habiendo recibido en turno, denuncia verbal sobre la comisión de delitos contra la salud pública y otros como trabajo en negro, posible manejo de camiones sin la habilitación correspondiente, etc., no actuó de acuerdo a la obligación legal”.

Por otra parte, el abogado nicoleño agrega que sus “defendidos son rehenes del MPFBA que los necesita para sostener la condena preventiva de Cabaleyro y Espíndola lo que rechazamos in limine” y pide que se inste al “Ministerio Publico Fiscal para que incorpore a esta causa la denuncia realizada por Edgardo Di Mayo ante las amenazas recibidas por uno del los Rey, realizada en la Comisaría de San Pedro”.

Ruiz considera que la prueba aportada por la Dra. Viviani para sostener las imputaciones y detenciones no es tal y que la misma obró de manera parcial estando de turno, ya que en los videos vertidos puede verse como la empresa de los Rey continúa operando con personal perteneciente al sindicato de Comercio, cómo Cabaleyro accede a correr un motorhome ante la orden de Viviani, cómo Cabaleyro le manifestó verbalmente “la comisión de delitos contra la salud pública y otros como trabajo en negro, posible manejo de camiones sin la habilitación correspondiente, etc.,” y la doctora “NO ACTUÓ DE ACUERDO A LA OBLIGACION LEGAL”.

Vale destacar que Gabriel Ruíz ya había recusado a la jueza interviniente.

Ahora habrá que esperar los tiempos legales para ver de qué manera continúan escribiéndose las fojas de la IPP que mantiene a dos dirigentes sindicales detenidos con prisión preventiva y a un grupo de cuatro trabajadores imputados y aguardando ir a juicio oral.

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