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Jueves 19 de Febrero de 2026
19 febrero 2026 - 06:05
Con Axel Kicillof a la cabeza, mandatarios de seis provincias firmaron un duro documento donde aseguran que el proyecto «no moderniza, precariza» y advierten sobre el impacto «antifederal» de la medida.
En una jornada marcada por la tensión política, un grupo de mandatarios provinciales —liderado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof— manifestó este miércoles su “pleno rechazo” al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. A través de un documento titulado “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los referentes de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa llamaron a las fuerzas políticas en el Congreso a votar en contra de la iniciativa oficial.
El texto sostiene que, bajo la promesa de una supuesta modernización, la propuesta en realidad “debilita derechos individuales y colectivos”. Para los gobernadores, el proyecto se da en un contexto económico crítico que ya causó el cierre de empresas y la suba del desempleo. “En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”, sentenciaron.
Los mandatarios aclararon que no se oponen a discutir cambios en los marcos normativos, pero subrayaron que la legislación debe actualizarse para reconocer nuevas garantías y no para el “desmantelamiento de derechos conquistados”. En ese sentido, fueron tajantes al comparar la iniciativa con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza”.
Duro diagnóstico sobre la economía actual El comunicado incluye cifras lapidarias sobre la gestión nacional iniciada en diciembre de 2023. Según los gobernadores, en este período se “pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo”, registrando además los niveles más bajos de capacidad instalada e inversión extranjera negativa. “Para crear trabajo, en un mundo hoy proteccionista, hace falta emprender políticas federales de desarrollo e industrialización”, afirmaron.
Asimismo, calificaron la reforma como “profundamente antifederal”, advirtiendo que su impacto golpeará directamente a las economías regionales sin haber abierto instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. “Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización”, vaticinaron, señalando además el peligro de que se legalicen reducciones salariales.
Un llamado a la defensa de los derechos Sobre el final del texto, los gobernadores reiteraron su rechazo a la “orientación económica” del Gobierno nacional y convocaron a defender el sistema de derechos laborales construido durante décadas. “La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección”, concluyeron, dejando la puerta abierta a un debate que respete el diálogo democrático y las instituciones.
