16 febrero 2026 - 13:41

Mientras está a punto de enfrentar un pedido de 10 años de prisión por corrupción estructural, se reaviva el debate sobre su decisión de otorgar la falta de mérito a la familia Passaglia

El procesamiento del exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado por fiscales de haber cometido delitos graves durante su desempeño como magistrado, reabrió un interrogante que en San Nicolás vuelve a cobrar fuerza: ¿qué tan imparcial fue su actuación en la causa que investigó por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos a la familia del exintendente Ismael Passaglia?

La discusión no es menor. En mayo de 2023, cuando aún estaba al frente del juzgado de Rosario, Bailaque dictó la falta de mérito para Ismael Passaglia, su esposa Liliana Ana Gaibazzi, sus hijos Santiago Passaglia –actual intendente de San Nicolás– y Manuel Passaglia, hoy diputado provincial, además de otros familiares. La resolución implicó que, a criterio del magistrado, no existían pruebas suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos, dejando la causa en una zona intermedia: la falta de mérito.

Aquella decisión incluyó además la declinatoria de competencia de la justicia federal a favor de la justicia local para investigar a algunos integrantes de la familia por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Esa medida fue objetada por los fiscales federales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad, quienes apelaron la resolución al sostener que la falta de mérito “ignora el cuadro probatorio reunido”.

Según los representantes del Ministerio Público Fiscal, los informes técnicos y la evidencia fiscal –incluidos datos aportados por la AFIP– señalaban que la familia no tendría capacidad económica suficiente para justificar la adquisición de bienes de elevado valor. La apelación, aún pendiente de resolución definitiva, dejó planteada una fuerte discrepancia entre la fiscalía y el entonces juez.

Pedirían 10 años de cárcel para el exjuez Bailaque

El escenario cambió drásticamente para Bailaque. El 13 de febrero de 2026, fiscales federales formalizaron una acusación en su contra con pedido que podría alcanzar los 10 años de prisión por delitos que incluyenprevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.

En esa causa también fueron imputados el escribano Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, como presuntos cómplices, así como la esposa del exmagistrado, Graciela Martínez Maulion, acusada por lavado de activos agravado por su vínculo con el exjuez.

La fiscalía solicitó que las distintas imputaciones se unifiquen en un solo juicio oral por conexidad subjetiva. Mientras tanto, Bailaque permanece bajo prisión domiciliaria, a la espera de que el juzgado determine si el expediente avanza a juicio oral.

El antecedente Passaglia y la pregunta inevitable

En ese contexto, la actuación de Bailaque en la causa Passaglia vuelve a ser examinada socialmente con otros ojos. El contraste es inevitable: por un lado, un exmagistrado acusado de integrar una trama de corrupción estructural; por el otro, un fallo suyo que benefició a una de las familias con mayor poder político y peso económico en San Nicolás.

Apelaron la falta de mérito del intendente Passaglia y sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La discusión pública no se limita a la legalidad formal de aquella resolución, sino que apunta a la credibilidad institucional. ¿Fue una decisión ajustada exclusivamente al análisis probatorio o quedó condicionada por otros factores? La respuesta, por ahora, no surge de conjeturas sino de instancias judiciales superiores que deberán revisar tanto la apelación en la causa Passaglia como el proceso penal que hoy tiene a Bailaque en el banquillo.

El debate excede a una persona y toca un punto neurálgico: la confianza en la independencia judicial. En definitiva, mientras se define si el exjuez enfrentará juicio oral por los delitos que se le imputan, en San Nicolás persiste una pregunta incómoda pero central: ¿puede sostenerse la imparcialidad de un fallo firmado por un magistrado hoy acusado de corrupción?

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