Avance en la causa Ponce de León: nuevas declaraciones indagatorias

18 septiembre 2025 - 05:50

Citaron a prestar declaración indagatoria el próximo martes 23 de septiembre a Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez

El juez federal Carlos Vera Barros citó a prestar declaración indagatoria el próximo martes 23 de septiembre a Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez, señalados como presuntos responsables de estar involucrados en la muerte del obispo de la Diócesis de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la última dictadura militar.

El hecho se remonta a la mañana del 11 de julio de 1977, cuando el prelado se dirigía rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. A la altura de Ramallo, el automóvil en el que viajaba sufrió un incidente con una camioneta Ford F-100. Ponce de León llevaba consigo documentación vinculada a personas desaparecidas de su diócesis, que planeaba entregar ante la Conferencia Episcopal Argentina y la Nunciatura Apostólica.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, junto a otros organismos estatales y judiciales, afirmó en el expediente que“ya quedó acreditado de manera inequívoca que el Obispo Carlos Horacio Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos de la última dictadura”.

En ese marco, el organismo sostuvo que “se ha alcanzado el estado de sospecha necesario, sustentado en los elementos de prueba de instrucción, para pensar que se enmascaró el asesinato del Obispo Ponce de León simulando un accidente automovilístico pergeñado por parte de las autoridades militares del Área Militar 132”. Asimismo, agregó que “de las irregularidades que surgen de la investigación, se da sustento al requerimiento de las indagatorias”.

Los elementos reunidos apuntan a la participación de estructuras militares y de inteligencia en el episodio. Según consta en la causa, entre octubre de 1975 y el 5 de diciembre de 1977, Omar Andrada tenía el grado de Mayor y se desempeñaba como jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, en coordinación con los oficiales jefes S2 y S3 del Área Militar 132 y con la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Andrada cuenta además con antecedentes judiciales: ya fue condenado a prisión perpetua en juicios anteriores por delitos de lesa humanidad, entre ellos privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos agravados y homicidios calificados cometidos contra 50 perseguidos políticos entre 1976 y 1977, en el marco de los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del Área Militar 132.

Con las indagatorias previstas, la justicia federal avanza en una investigación que, tras décadas de reclamos, busca determinar las responsabilidades en la muerte del obispo Ponce de León, considerado una de las víctimas emblemáticas de la represión ilegal de la última dictadura.

Tras la reapertura de la causa por la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la última dictadura cívico-militar, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) solicitó al Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás que convoque a declaración indagatoria a tres ex militares y un civil por su presunta responsabilidad en los hechos.

Los imputados señalados son Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis Landa, quienes integraban la plana mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás; Omar Andrada, ex jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101; y Sergio Carlos Bottini, quien acompañaba al conductor de la camioneta contra la que impactó el vehículo del obispo y era, además, director de la empresa propietaria de ese rodado.

A pesar de la operatoria de encubrimiento sobre la mecánica del siniestro, con el regreso de la democracia, surgieron pruebas que pusieron en duda la versión oficial, dado que el obispo había denunciado amenazas vinculadas a su defensa de detenidos por razones políticas.

En febrero de 2023, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a un planteo de la fiscalía y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, y ordenó reabrir la investigación para que la muerte del obispo sea analizada como un crimen de lesa humanidad. La resolución revirtió un fallo previo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás que había rechazado la reapertura.

En el escrito presentado, la Secretaría de Derechos Humanos repasó las irregularidades de la instrucción judicial llevada a cabo en 1977 por la justicia bonaerense y remarcó las pruebas sobre la persecución y las amenazas que sufría el obispo, quien reclamaba la liberación de personas encarceladas por motivos políticos, gremiales, sociales o religiosos. Asimismo, destacó la investigación realizada por el ingeniero Jorge Geretto, que aportó una pericia clave al reconstruir la mecánica del hecho y concluir que la colisión no fue accidental, sino un atentado planificado contra Ponce de León.

Para la querella, los ex militares Bossié, Landa y Andrada habrían actuado como autores mediatos, ya que el Área Militar 132 y el Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás aparecen vinculados a la planificación y ejecución del crimen. En el caso de Bottini, la imputación es como autor directo del homicidio del obispo y de las lesiones sufridas por su acompañante.

El planteo también incluye al conductor de la camioneta, Luis Antonio Martínez, quien fue condenado en 1977 por homicidio culposo. Según la Secretaría de Derechos Humanos, deberá ser convocado a declarar una vez que quede firme la anulación de aquella causa original dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.