Aumentó un 700% la verificación física del automotor

1 noviembre 2017 - 22:26

Antes costaba $ 105 y ahora $ 800, se estima que será elevado a $ 1200. En las motos, el valor era también de $105 y fue llevado a $ 332.

Hace un tiempo, precisamente el 20 de enero del corriente año, la planta verificadora del automotor, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con sede en San Nicolás, se mudó a la ciudad de Ramallo. Funciona en calle Eva Peron 651, detrás de la comisaria primera.

En lugar donde funcionaba, detrás del cuartel de los bomberos, por calle Rivadavia, fue solicitado por la Municipalidad de San Nicolás. Este trámite que es realizado por personal policial, fue privatizado por decreto gubernamental.

Con buen tinte, el ejecutivo local, no permitiría que dentro de instalaciones públicas funcionara una empresa privada.

Esta nueva tercerización de los servicios públicos provinciales en la órbita de la seguridad pública, como también pasó con el 911, elevo los costos del trámite.

Esta revisión se realiza en cada vehículo para constatar que el número de motor, de chasis y el tipo de automotor correspondan con lo especificado en la documentación de ese vehículo, antes costaba $ 105 y ahora $ 800, se estima que será elevado a $ 1200. En las motos, el costo era también de $105 y fue llevado a $ 332.

Se efectúan en plantas, edificios públicos, que están a cargo de peritos de la policía de la provincia de Buenos Aires y, que están autorizados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.

Este proceso de verificación es un paso obligatorio para concretar la inscripción inicial de un 0 kilómetro y la transferencia de dominio de un vehículo usado, obligatorios para modelos desde el año 1995 en adelante.

Esta verificación física realizada en planta o puesto verificador, que la nueva empresa privada no paga, habilitado tendrá una validez de 150 días hábiles administrativos y es un trámite personal que no requiere intervención de terceros o intermediarios.

Otro servicio público que usa recursos del Estado, pero con la diferencia que la recaudación es privada y, mucho más elevada.