ATANOR le pagó al CONICET “400 millones de pesos de honorarios” para que realizara un informe previo a la reapertura

3 noviembre 2024 - 20:41

La Justicia permitió que ATANOR reabra sus puertas luego de la intervención de varios organismos, entre ellos el CONICET.

Tras la autorización de la jueza Luciana Díaz Bancalari, esta semana reabre sus puertas ATANOR en San Nicolás, luego de permanecer clausurada desde el 20 de marzo de 2024 cuando se produjo una explosión en la planta de atrazina. Previo a esta decisión judicial tomaron intervención varios organismos, entre ellos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Antes de que se conociera la decisión judicial, Prensa Libre SN dialogó con el abogado del Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA), Dr. Fabián Maggi, y este manifestó que el CONICET (organismo que realizó estudios que fueron llevados a Bancalari para que pudiera definirse sobre la reapertura de la firma) recibió “400 millones de pesos de honorarios” por parte de ATANOR.

El dialogo con Maggi fue el 22 de octubre, días previos a que se conociera la autorización para que ATANOR reabra sus puertas. Por entonces, el abogado explicó las sensaciones que manejaban desde FOMEA, expresando que “nosotros creemos que el CONICET no está actuando conforme a su ideal, no está actuando conforme la ciencia se lo indica, no está actuando conforme la normativa se lo indica, sino que está impulsada por las pretensiones de ATANOR que las reforzó, muy bien reforzada, con nada más y nada menos que 400 millones de pesos de honorarios”.

Al ser consultado por el pago millonario de ATANOR al CONICET, el letrado explicó que se “firmó un convenio” y “por orden judicial” fue el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas quien tuvo que realizar un informe detallando varias cuestiones técnicas periciales que luego serían llevadas a la Justicia.

“ATANOR y CONICET firmaron un convenio por 400 millones de pesos de honorarios”.

El abogado de FOMEA argumentó a Prensa Libre SN que el pago de dichos honorarios fue “absolutamente injustificado” y agregó “le hemos pedido a la jueza, porque obviamente eso fue una voz de alarma impresionante, que por favor tenga bien pedirle al CONICET que explique en qué se basa, cómo justifica la percepción de 400 millones de pesos de honorarios. La jueza no nos hizo lugar a ese pedido”, por lo que la parte desconoce el detalle de los gastos que pudieran haberse originado y, por ende, el destino de la cifra millonaria.

Asimismo, se le consultó a Maggi si es normal que una de las partes interesadas en el proceso judicial sea quién paga los honorarios de los peritos que deben ser neutrales, y este respondió: “en principio te digo que sí, que está bien que quien actúe entre comillas como perito perciba honorarios por esa labor. Ahora, esos honorarios tienen que estar absolutamente justificados y bien diagramados y además tienen que percibirse de una manera correcta, no de forma directa… han puesto ellos el monto que se le ocurre, han puesto un monto exorbitante que lleva a desconfianza y, además, el proceso carece de la transparencia que debería tener porque hemos pedido que se nos explique de dónde surge ese monto y se nos ha rechazado ese pedido”.

El abogado ambientalista describió esta parte del proceso cómo un “golpe bajísimo a la transparencia, a la imparcialidad” y agregó que “de hecho ya se está notando en las primeras actuaciones del CONICET que lejos de ser una evaluación independiente, imparcial y basada en el conocimiento científico de ese organismo, está siendo nada más que un relato, una repetidora del relato de ATANOR”.

Antes de finalizar la entrevista, Maggi aseguró que hay documentos en la causa que “no conocemos… porque no hay transparencia en el proceso y es lo que estamos denunciando”.

Concluyendo, la decisión de la Dra. Bancalari permite la próxima reapertura de ATANOR en dónde está actualmente emplazada, con la condición de que no se reabra la planta de atrazina. Asimismo, la letrada programó una audiencia para el lunes 11 de noviembre a las 9:30 horas, a la que están citadas autoridades ambientales, el municipio y organismos como Aguas San Nicolás, CONICET y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.