Amplio rechazo al proyecto de dragado de la Hidrovía Paraguay–Paraná en audiencia pública

12 noviembre 2025 - 05:55

Más del 90% de los expositores manifestó su rechazo al proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas del río Paraná.

La Hidrovía Paraguay–Paraná, considerada la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior argentino, vuelve a estar en el centro del debate nacional. Por ese corredor fluvial circula cerca del 80% de las exportaciones de granos y sus derivados del país, lo que en 2024 permitió el ingreso de 30.000 millones de dólares por ventas al exterior. Sin embargo, la propuesta oficial para profundizar y ensanchar su cauce desató una fuerte controversia ambiental, jurídica y social.

Durante la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para tratar el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal del Paraná (VNT), más del 90% de los expositores manifestó su rechazo al proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas del río Paraná. Entre los participantes se destacaron organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresaron que “a pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación –desde información técnica desordenada hasta falta de difusión–, la respuesta fue categórica: una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazaron este modelo de río”.

Críticas por falta de evaluación ambiental

Los cuestionamientos se centraron en la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental válido, pese a que las tareas de dragado ya están en ejecución. El colectivo ambientalista denunció que “no existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos. La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú”.

El proyecto de la ANPYN contempla incrementar el calado del curso de agua de los 36 pies actuales (10,97 metros) a entre 38 y 40 pies (11,58 y 12,19 metros), desde el ingreso por el Río de la Plata hasta Timbúes, en la provincia de Santa Fe. El plazo licitatorio propuesto es de diez años, con una posible extensión de dos años más. Si bien aún no fue oficializado, se estima que el calado podría alcanzar los 44 pies.

El abogado ambientalista Lucas Micheloud, en declaraciones publicadas por Tiempo Argentino, afirmó que “lo que está en juego no es un simple dragado, sino el destino ecológico y cultural del río más importante del país. Las dragadoras multinacionales y sus socios locales ven un negocio millonario donde nosotros vemos un bien común que garantiza vida, agua y soberanía”.

Micheloud calificó la iniciativa como un “delirio técnico, ecológico y jurídico” y sostuvo que “actualmente la navegación comercial funciona plenamente; no hay justificación alguna para seguir perforando el río sólo para que los barcos de ultramar lleguen a los muelles fluviales. Es una política extractiva extrema disfrazada de eficiencia logística”.

Denuncias de ilegalidad y defensa del río

El rechazo expresado en la audiencia fue calificado por las organizaciones como una oposición transversal, masiva y argumentada. En un comunicado, los Abogados/as Ambientalistas señalaron que “lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo”.

Los sectores participantes defendieron al Paraná “como fuente de agua potable para millones; como corredor de biodiversidad y soporte de humedales; como territorio habitado por comunidades que resisten; y como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad”.

Para las organizaciones que se oponen al proyecto, “la audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la Constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla”.

Micheloud, en la misma línea, agregó que “detrás del discurso de la competitividad se esconde el viejo poder del lobby agroexportador y de la Bolsa de Comercio de Rosario, que busca maximizar ganancias a costa de la salud del río y de las comunidades ribereñas. El Paraná no puede seguir siendo tratado como una autopista privada, es un ser vivo y un ecosistema clave para la vida de los seres humanos y no humanos”.

Finalmente, el abogado sostuvo que “desde hace tres décadas, el proyecto de la hidrovía opera como un verdadero régimen de excepción al Estado de derecho ambiental: nunca obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental de la autoridad competente, pese a las perforaciones, sobredragados y ensanchamientos que vienen transformando negativamente el cauce del Paraná, afectando este ecosistema y los humedales del Delta, pero también la calidad del agua dulce que consumen más de 10 millones de personas. Es una ilegalidad estructural naturalizada por los sucesivos gobiernos”.

Mientras el gobierno nacional busca profundizar la vía fluvial para aumentar la competitividad exportadora, las organizaciones sociales y ambientales advierten sobre las consecuencias ecológicas y legales del modelo. En el corazón de la discusión, el Paraná aparece una vez más como símbolo de soberanía, biodiversidad y disputa de intereses.