Ampliaron la imputación al exjuez Bailaque y extendieron por seis meses su prisión domiciliaria

30 septiembre 2025 - 18:57

Le atribuyen los delitos de dádivas y lavado de activos por el cobro de alquileres que a través de una mutual vinculada al financista rosarino Fernando Whpei.

El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, afronta una nueva acusación en el marco de la causa que lo mantiene bajo arresto domiciliario desde mayo pasado. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuración contra el Narcotráfico (PROCUNAR) le atribuyeron ahora los delitos de dádivas y lavado de activos por el cobro de alquileres que superan los cinco millones de pesos a través de una mutual vinculada al financista rosarino Fernando Whpei.

De acuerdo con la imputación, Bailaque habría percibido $5.719.194 en pagos mensuales desde enero de 2019 hasta enero de 2025, cuando aún se desempeñaba como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario. Los fondos ingresaron mediante depósitos de la mutual Siempre Joven Asociación Mutual, con domicilio en Mariano Moreno al 5500 de Wilde (Buenos Aires), entidad relacionada con Whpei y con distintas firmas bajo su órbita, entre ellas Grupo Unión SA y Lancers SA.

El fiscal de PROCELAC, Juan Argibay Molina, expuso que los pagos se enmascararon bajo un contrato de locación de un inmueble propiedad de Bailaque, situado en presidente Hipólito Yrigoyen 29 (ex 2044) de Caleta Olivia, Santa Cruz. Según explicó, “la entrega y la recepción del dinero correspondiente a las dádivas se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble”.

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó haber cometido 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con lavado de activos agravado por habitualidad. “Recibió beneficios económicos indebidos por parte de Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado”, sostuvo Argibay Molina.

La mutual Siempre Joven, que nunca tuvo sede en Santa Cruz, cedió gratuitamente el inmueble a otra entidad, la mutual 12 de Septiembre, pese a que el contrato prohibía la sublocación. Esa organización utilizó la propiedad hasta mayo de 2023, cuando quedó vacía. Sin embargo, los pagos de alquiler continuaron hasta enero de 2025. Para la fiscalía, “la contratación careció de causa real y funcionó exclusivamente como vehículo para transferir dinero a Bailaque debido a su cargo como juez federal”.

Los registros indican depósitos en la cuenta del exjuez en el Banco Patagonia: $258.000 en 2019; $348.000 en 2020; $468.000 en 2021; $660.000 en 2022; $924.000 en 2023; $2.600.597 en 2024 y $460.597 en enero de 2025. Paralelamente, Bailaque emitió facturas que sumaron $5.145.722, cifra corroborada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En la audiencia celebrada en los Tribunales Federales de Rosario, el exjuez rechazó la imputación. Alegó que el inmueble es parte del patrimonio familiar, ya que fue recibido por su cónyuge como honorarios profesionales antes de que él asumiera como magistrado.

El juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz dispuso prorrogar la prisión domiciliaria de Bailaque por 180 días, hasta el 23 de marzo de 2026, y amplió el embargo sobre sus bienes de 600 a 685 millones de pesos, atendiendo al monto de las nuevas figuras endilgadas.

En la misma resolución, se prorrogó la prisión domiciliaria de Gabriel Mizzau, excontador del exjuez, hasta el 10 de noviembre de 2025. Mizzau es investigado por su presunta participación en maniobras de lavado de activos y por sus vínculos profesionales con empresas ligadas a Esteban Alvarado, condenado por liderar una organización narcocriminal en Rosario.

El fiscal general de la PROCELAC, Diego Velasco, destacó que aún resta analizar evidencia clave, como el contenido del teléfono celular de Bailaque, que permanece inaccesible. También recordó que fueron secuestrados 58 dispositivos electrónicos, de los cuales se logró la extracción forense de 40.

El juez Da Cruz rechazó los planteos de las defensas y tuvo por efectuada la ampliación de la imputación en los términos solicitados por la fiscalía, al considerar la complejidad del caso, la expectativa de pena y los riesgos procesales vigentes.