20 marzo 2026 - 19:31

Un informe oficial confirmó la presencia de endrin y lindano en pozos de la ciudad; a dos años de la explosión de Atanor, conminan que “el agua de esos pozos no es apta para consumo humano”.

La crisis ambiental vinculada a la firma Atanor en San Nicolás sumó un nuevo capítulo de gravedad al cumplirse dos años de aquel 20 de marzo que cambió la realidad de muchos nicoleños, tras la explosión en la planta. Estudios oficiales detectaron contaminantes organoclorados en el agua de consumo, incluyendo sustancias prohibidas por su alta toxicidad.

Según un informe reciente de la Autoridad del Agua bonaerense, se confirmó la presencia de plaguicidas como endrin y lindano —insecticidas altamente peligrosos— tanto en pozos de abastecimiento como en la red domiciliaria, es decir, en canillas de uso cotidiano en distintos puntos de la ciudad.

El dato más crítico se concentra en dos fuentes del sistema de agua – situados en las cercanías de ATANOR –, los pozos N° 23 y N° 77, que abastecen sectores urbanos. En el primero se registraron niveles de insecticidas que superan los valores legales permitidos, mientras que en el segundo también se detectaron ambos compuestos. La conclusión oficial fue contundente: “el agua de esos pozos no es apta para consumo humano”.

Frente a este escenario, la Autoridad del Agua ordenó a la Municipalidad de San Nicolás sacar de servicio esas perforaciones de manera inmediata. Sin embargo, según lo informado, la medida aún no habría sido implementada, por lo que el sistema seguiría distribuyendo agua contaminada.

La situación se agrava por la confirmación de que los mismos contaminantes fueron hallados en la red de distribución domiciliaria. En particular, se detectaron en un domicilio de Rademil y en otro de Lagostena, lo que evidencia que la contaminación ya circula dentro del sistema que llega a las viviendas.

Los análisis fueron realizados en laboratorios de la Universidad de La Plata, lo que refuerza el carácter oficial de los resultados. “Es importante informar que se trata de análisis hechos por la Autoridad del Agua en los laboratorios de la Universidad de La Plata, es decir son análisis oficiales que no surge de la mera opinión de vecinos o de las organizaciones ambientales, por el contrario es información generada oficialmente por el Estado”, indicó Fabían Maggi, abogado ambientalista que lleva adelante la representación de la ONG Foro Medioambiental (FOMEA).

Desde el punto de vista territorial, los pozos afectados se ubican en zonas cercanas al área de influencia industrial donde Atanor enterró residuos tóxicos durante décadas. Esto refuerza la hipótesis de que no se trata de un foco aislado, sino de un proceso más amplio de contaminación del subsuelo que ya alcanzó el sistema de agua potable.

La evolución del caso también marca una escalada: primero se detectó contaminación en suelos, luego en aguas subterráneas y ahora en pozos de explotación y domicilios. “Cada nuevo estudio que se realiza sobre la contaminación generada por Atanor no reduce la incertidumbre, sino que amplía el alcance del problema”, advirtió Maggi.

En paralelo, el expediente judicial continúa incorporando evidencia sobre nuevos contaminantes en la zona, incluyendo afectación de suelos cercanos a la barranca del río Paraná, con potencial riesgo por contacto directo con la población.

En este contexto, lo que comenzó como un pasivo ambiental industrial se perfila ahora como una crisis sanitaria de mayor escala, con impacto directo no solo en el agua de consumo, sino también en el aire y el suelo que rodea a los barrios cercanos.

El abogado Fabián Maggi (UNR) advirtió sobre la gravedad del escenario, en un proceso que sigue ampliando su alcance y que mantiene en alerta a vecinos y especialistas por sus posibles consecuencias en la salud pública.

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