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A 21 años de la tragedia de Cromañón
30 diciembre 2025 - 05:32
Promediaban los 22 años, los mató la corrupción
A 21 años del incendio en el boliche República de Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el barrio porteño de Once, la tragedia sigue siendo uno de los hechos más graves de la historia reciente del país por la magnitud de sus consecuencias humanas, judiciales y políticas. Aquella noche murieron 194 jóvenes y más de 1400 personas resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas físicas y psicológicas permanentes.
El siniestro se produjo durante un recital de la banda de rock Callejeros, que se presentaba por tercera vez consecutiva en el local. La banda, formada en Villa Celina, partido de La Matanza, atravesaba entonces su pico de popularidad y era el máximo exponente del denominado “rock barrial”, un movimiento identificado con vivencias de la juventud, en particular de los sectores populares. El público estaba compuesto mayoritariamente por jóvenes del conurbano bonaerense, con un promedio de edad cercano a los 22 años, que habían concurrido para despedir el año y ver a su grupo favorito.
Cerca de las 22.50, mientras sonaba el primer tema, una bengala —o “candela”— impactó contra una media sombra de plástico inflamable colocada en el techo del boliche. El material se incendió de manera casi inmediata. La banda dejó de tocar y se produjo un corte de luz automático. Un humo espeso y oscuro invadió el lugar, generando pánico entre las más de 4500 personas que se encontraban en el interior. La evacuación se volvió caótica: no existían salidas de emergencia habilitadas y algunas puertas estaban cerradas con candados y alambres.
La mayoría de las muertes se produjo por inhalación de monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Cerca de la mitad de las víctimas falleció tras haber regresado al interior del local en un intento por ayudar a otras personas, un dato que puso en evidencia los vínculos de solidaridad que se sostuvieron incluso en medio del peligro y el abandono. El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 señaló en uno de sus fallos que el establecimiento se encontraba colmado con una cantidad de público muy superior a la permitida, con salidas obstruidas o directamente clausuradas, y que el corte de luz al iniciarse el incendio incrementó de forma decisiva el riesgo al que quedaron expuestas las personas.
Tras lo ocurrido, sobrevivientes y familiares de las víctimas conformaron un amplio y heterogéneo colectivo que impulsó movilizaciones sostenidas en reclamo de memoria y justicia. La tragedia expuso de manera cruda la ausencia de políticas de cuidado y el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de control y prevención.
En los años posteriores se desarrollaron cuatro juicios que abordaron distintas responsabilidades estatales. En tres de ellos se dictaron condenas contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bomberos e inspectores. Los ejes principales de esas sentencias estuvieron vinculados al cobro de coimas y a la omisión de los deberes de funcionario público.
Uno de esos procesos fue conocido como el juicio “Bomberos”. El 27 de diciembre de 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir sobornos de empresarios. Según se acreditó, Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca entregaban dinero a Alberto Corbellini, jefe de la División Prevención de Incendios de la Policía Federal, a Marcelo Nodar y a Marcelo Fabián Esmok, para obtener certificados de habilitación sin cumplir las formalidades exigidas. Corbellini y Nodar recibieron penas de cuatro años de prisión por cohecho pasivo, mientras que Esmok fue condenado a dos años y seis meses. A los tres se les impuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un informe citado en el fallo indicó que, hacia junio de 2003, el 70% de los locales bailables de la Ciudad no contaba con instalaciones contra incendios y que un 20% no había actualizado su certificación.
En el juicio principal fueron analizadas las responsabilidades de funcionarios porteños. En diciembre de 2004, la Subsecretaría de Control Comunal estaba a cargo de Fabiana Fiszbin; la Dirección General de Fiscalización y Control era conducida por Gustavo Juan Torres; y la Dirección General Adjunta estaba en manos de Ana María Fernández. Junto al subcomisario Carlos Rubén Díaz, fueron juzgados en el mismo debate que Omar Chabán y los músicos de Callejeros. El Tribunal consideró que Fiszbin y Fernández tenían deberes específicos de control en materia de seguridad e higiene y que los incumplieron de forma grave. Torres fue absuelto en primera instancia, aunque luego fue incorporado como responsable por la Cámara de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky. Finalmente, se fijaron condenas de cuatro años para Fiszbin, tres años y nueve meses para Torres y tres años y seis meses para Fernández, pena que luego fue reducida a dos años y diez meses tras una nueva revisión.
En cuanto al subcomisario Díaz, fue condenado a ocho años de prisión. El máximo tribunal penal sostuvo que una sola orden suya hubiera bastado para activar los mecanismos institucionales de clausura del local, pero que, guiado por el cobro de sobornos, permitió que República de Cromañón continuara funcionando durante meses.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en los distintos debates por el fiscal Jorge López Lecube. Debido a la complejidad del caso, el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, designó como fiscales coadyuvantes a Alejandra Perroud y Fabián Céliz.
Otro de los juicios alcanzó al inspector Roberto Calderini, condenado por “falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho”. En 1997, Calderini había aprobado la habilitación del inmueble pese a haber detectado irregularidades graves, como una superficie mayor a la declarada, ausencia de salidas de emergencia y conexiones con otros inmuebles prohibidas para locales bailables de clase C. Tanto el fiscal Céliz como el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 señalaron en 2016 que esas deficiencias de control se proyectaron hasta 2004, aunque aclararon que no podía atribuírsele una responsabilidad directa en el incendio.
La situación del entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue analizada en expedientes separados. En agosto de 2006, la jueza María Angélica Crotto lo sobreseyó al considerar que los hechos imputados no constituían delito, criterio que fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones y luego por la Cámara de Casación. También se investigó una posible responsabilidad por negligencia en el rescate y la atención a las víctimas, hipótesis que fue descartada tres años después, al concluir que los funcionarios actuaron dentro de las posibilidades que permitió la magnitud de la tragedia.
Años después, las palabras del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio — Papa Francisco— continúan resonando: sostuvo que la Argentina no había llorado lo suficiente a las personas muertas en Cromañón porque se trataba de jóvenes que no entraban en la cuenta del dolor social. En ese sentido, la memoria aparece como una forma de reparación, al recuperar las historias de quienes murieron: quiénes eran, qué soñaban y por qué estaban allí esa noche.
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