17 noviembre 2026 - 18:39
La jueza Bancalari ordenó entregar análisis de plaguicidas y conclusiones sobre dos pozos de San Nicolás en un plazo de cinco días. Fabián Maggi, abogado de FOMEA, cuestionó la confiabilidad de los controles y advirtió sobre información ambiental que considera omitida.
Una nueva resolución judicial volvió a colocar bajo análisis la calidad del agua de San Nicolás y las consecuencias ambientales de la actividad industrial de Atanor. La jueza Luciana Díaz Bancalari, titular del Juzgado de Ejecución Penal, ordenó a la Autoridad del Agua (ADA) presentar resultados de estudios pendientes sobre plaguicidas, informar las conclusiones de las evaluaciones realizadas en dos pozos del sistema de abastecimiento y completar documentación técnica destinada a determinar el posible desplazamiento de contaminantes a través de las aguas subterráneas.
La resolución fue firmada y notificada este martes 17 de noviembre, en el expediente “Actuaciones Municipales-Atanor”. Entre sus disposiciones, la magistrada estableció plazos de cinco días para tres requerimientos de información, vinculados con los análisis efectuados durante septiembre y las evaluaciones técnicas que continuaron desarrollándose en octubre.
En diálogo con PRENSA LIBRE SN, el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA), analizó los alcances de la decisión y expresó fuertes cuestionamientos sobre el trabajo de los organismos responsables de controlar la contaminación.
Uno de los principales puntos de la resolución se refiere al monitoreo del servicio de agua potable realizado el 30 de septiembre de 2026, cuando se tomaron muestras para determinar la presencia de plaguicidas organoclorados y otros pesticidas de uso actual.
La jueza dejó constancia de que, durante una reunión técnica del 7 de octubre, se había informado que los últimos análisis de pesticidas disponibles arrojaron resultados negativos. Sin embargo, consideró necesario conocer los resultados específicos del muestreo de septiembre y ordenó a la Autoridad del Agua que los remitiera al juzgado dentro de cinco días.
La decisión adquiere relevancia porque existen antecedentes de detección de plaguicidas en el sistema de abastecimiento de San Nicolás, una situación que viene siendo objeto de seguimiento judicial.
Sobre este punto, Maggi manifestó sorpresa ante los resultados negativos comunicados por los organismos técnicos.
“Te acordarás que en su momento en esos pozos mismos se detectaron plaguicidas, ¿no es cierto? Ahora, aparentemente, en algunos análisis posteriores no ha dado el mismo resultado de presencia de plaguicidas, lo cual nos sorprende”, explicó.
El abogado consideró que las características de las aguas subterráneas obligan a realizar estudios continuos y a examinar cuidadosamente cualquier cambio en los resultados.
“Nos sorprende porque el recurso subterráneo es muy dinámico, hay movimiento de agua, prácticamente no tiene la misma velocidad, pero es como un río también que discurre”, señaló.
Para explicar su planteo, destacó que el comportamiento del agua subterránea presenta particularidades diferentes de las corrientes superficiales y que pueden existir movimientos relacionados con la dinámica del río Paraná.
“Las aguas subterráneas tienen un ida y vuelta, a veces van hacia el río, a veces el río mete agua hacia el lado del acuífero Puelche”, sostuvo.
A partir de esa interpretación, el representante de FOMEA cuestionó la confiabilidad de los controles y planteó dos escenarios posibles para explicar los resultados informados.
El primero está relacionado con sus sospechas sobre los procedimientos de medición y la información difundida por los organismos responsables. “Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo una connivencia entre las autoridades y quienes son responsables de los análisis, en una tarea de ocultar los verdaderos resultados”, expresó Maggi.
El segundo escenario planteado por Maggi parte de la posibilidad de que los resultados negativos sean correctos. En ese caso, considera que la disminución de los contaminantes podría estar relacionada con el cese de la actividad productiva de Atanor.
“Hay dos posibilidades, y una de ellas es que justamente los niveles de contaminación de esos pozos de agua potable van bajando porque Atanor está fuera de servicio, porque Atanor no está trabajando”, afirmó.
Para el abogado, esa eventual relación tendría importancia en la discusión sobre el origen de los plaguicidas detectados anteriormente.
“En caso de que esos resultados efectivamente sean como los están señalando, también indicarían que en definitiva el origen de la contaminación era Atanor”, sostuvo.
Consultado sobre si su razonamiento implica que la contaminación disminuye cuando la planta deja de funcionar, respondió:
“Exactamente, ese es el razonamiento que hacemos y que es bien básico, que es bien elemental”.
La resolución también dispuso que la Autoridad del Agua presente, dentro de cinco días, las conclusiones de los estudios realizados sobre los pozos 23 y 77, acerca de los cuales el Ente Aguas de San Nicolás, prestador del servicio municipal, había aportado información que todavía se encontraba en evaluación.
Además, la magistrada requirió los resultados del análisis documental efectuado por el organismo de control y de una reunión técnica desarrollada a fines de octubre, donde se examinó nuevamente la situación de esas perforaciones.
Durante la entrevista, Maggi señaló que ambos pozos corresponden a la zona sur de la ciudad y destacó especialmente la cercanía de uno de ellos con el establecimiento industrial.
“Son los dos de la zona sur y son los dos, sobre todo el de la plaza, extremadamente cercano a Atanor”, sostuvo.
El abogado recordó que uno de los argumentos utilizados anteriormente para explicar la aparición de sustancias químicas en el agua apuntaba a la actividad agrícola desarrollada fuera del área urbana.
“Cuando aparecen los primeros resultados, decían que esos resultados eran producidos por la agricultura química, que lo que estaba en los pozos no venía de Atanor, sino que venía de los sembradíos”, explicó.
Según su interpretación, esa hipótesis no contemplaba adecuadamente la proximidad de algunas perforaciones con los terrenos vinculados a la empresa.
“Estaban hablando de pozos de agua que están a apenas cien metros, doscientos metros de la empresa y alejados por decenas de kilómetros de la plantación más cercana”, afirmó.
Otro aspecto significativo de la resolución está vinculado con el comportamiento del acuífero Puelche y la posibilidad de que sustancias detectadas dentro del predio industrial se desplacen hacia otras áreas.
El documento judicial señala que, según lo informado por un representante de la prestadora de agua potable, los estudios presentados no evidenciarían un escurrimiento hacia los pozos de consumo.
Sin embargo, la propia resolución registra observaciones técnicas sobre los métodos de medición, la ubicación de las perforaciones y la información geográfica utilizada, por lo que todavía se requieren aclaraciones.
La investigación también busca determinar la existencia y las características de un acuitardo, una formación geológica de baja permeabilidad que puede limitar el movimiento del agua entre distintas capas del subsuelo.
En particular, se procura establecer si existe una separación efectiva entre los acuíferos Pampeano y Puelche, y cómo podría influir esa estructura en el desplazamiento de contaminantes.
La jueza dejó constancia de que los estudios geofísicos realizados hasta el momento no permiten determinar con certeza la extensión ni la geometría del acuitardo dentro del predio de Atanor.
Ante esa situación, incorporó un planteo de la Dirección de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos para solicitar al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) una ampliación del estudio hidrogeológico.
La finalidad es obtener un modelo más completo del subsuelo que permita evaluar el riesgo de migración de las sustancias contaminantes identificadas en el establecimiento.
Sobre esta cuestión, Maggi recordó que los terrenos vinculados con Atanor comprenden sectores que no necesariamente forman parte de las instalaciones industriales actualmente visibles.
“Generalmente suele medirse el predio industrial, pero se olvidan que el otro predio de Atanor, ese que aparece como un descampado, ese predio fue objeto destino de residuos peligrosos”, manifestó.
El abogado recordó que existen antecedentes de estudios efectuados por la Universidad Nacional de La Plata que, según su interpretación, demostraron la presencia de contaminación en ese sector.
“Ese predio también está contaminado, por más que ahí no haya naves industriales. En el año 2021 se determinó por análisis de laboratorio de la Universidad de La Plata que había una enorme contaminación en ese predio también”, sostuvo.
La resolución de hoy deja constancia de que la Autoridad del Agua notificó a Atanor SCA, el 19 de octubre, para que presentara información sobre hallazgos de hidrocarburos en las cercanías del punto de monitoreo denominado F21 y ampliara la red de controles.
La jueza dejó constancia de una presentación de la subsecretaria de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, quien ratificó las exposiciones realizadas durante la audiencia del 21 de septiembre por la directora provincial de Epidemiología, Andrea Jait, y el director de Salud Ambiental, Agustín Hernández Maiztegui.
Además, mantiene pendiente la evaluación de los posibles efectos sanitarios de los hallazgos investigados sobre la población que reside en las inmediaciones del establecimiento.
En relación con este punto, Maggi cuestionó especialmente el tratamiento que, según sostiene, recibió la situación de la Escuela N.º 17, ubicada cerca de la planta industrial.
“Tanto el Ministerio de Ambiente como el CONICET se hacen los tontos, hablando mal y pronto, de la existencia de la Escuela 17 a 200 metros. Hablan de plumas de contaminación de aire, todo ignorando la presencia de la escuela de niños”, afirmó.
El abogado relacionó sus cuestionamientos con la explosión ocurrida en Atanor el 20 de marzo de 2024, cuando un accidente industrial provocó la dispersión de material sobre sectores cercanos a la planta.
“Generan modelaciones teóricas de pluma de contaminación. Una modelación teórica de pluma de contaminación es cargarle a una computadora el dato de qué viento hay, qué gas está saliendo por una chimenea y cuál es el entorno”, explicó.
Para Maggi, esas simulaciones deberían contrastarse con las consecuencias efectivamente registradas durante el accidente.
“Utilizan eso por un lado, y por otro lado descartan el dato de la realidad objetiva, que es la explosión del 20 de marzo de 2024, que es una modelación no teórica, una modelación real, porque ahí el producto voló por el aire y el viento lo llevó a donde lo llevó”, manifestó.
En esa línea, sostuvo que tanto la escuela como viviendas de B° Los Fresnos estuvieron expuestas al material dispersado durante el episodio.
“La Escuela 17 fue severamente impactada, de la misma manera que fueron severamente impactados varios frentes del barrio Los Fresnos. Entonces eso lo sabemos todos porque lo hemos vivido, está graficado, está documentado”, señaló.
El abogado también recordó las dificultades que, según su testimonio, se produjeron cuando docentes y estudiantes intentaron regresar a clases después del accidente.
“Los chicos, dos días después, cuando intentaron ingresar a la escuela, tuvieron que suspender las clases porque el aire era irrespirable, las docentes que fueron al hospital con vómitos e irritaciones. Todo eso está ignorado en los informes de la causa judicial de Atanor”, denunció.
El representante de FOMEA explicó que se encuentra trabajando en una respuesta a un informe del CONICET y que su intención es incorporar esas observaciones al debate judicial.
La resolución judicial también aborda el seguimiento de los niveles de sodio y nitratos en el agua distribuida en San Nicolás, a partir de información correspondiente a junio, julio, agosto y septiembre.
Sobre esos parámetros, la Autoridad del Agua consideró suficientes las medidas adoptadas por la prestadora, aunque estableció que debía mantenerse el control del plan de trabajo y evaluarse la necesidad de nuevos ajustes.
La magistrada aclaró expresamente que esos compuestos no guardan relación con Atanor, por lo que se trata de un seguimiento diferenciado de los estudios vinculados con la contaminación industrial.
Con esta nueva decisión, la jueza Luciana Díaz Bancalari mantiene abiertas varias cuestiones fundamentales: los resultados de las muestras de pesticidas tomadas en septiembre, las conclusiones sobre los pozos 23 y 77, el comportamiento del acuífero Puelche, la caracterización geológica del subsuelo y el posible desplazamiento de contaminantes desde el predio industrial.
La resolución no determina que el agua de red sea actualmente no apta para el consumo, pero tampoco considera concluida la investigación ambiental. Por el contrario, reclama información que todavía no fue incorporada completamente al expediente y que resulta necesaria para evaluar los riesgos.
Para Fabián Maggi, la discusión va más allá de obtener nuevos resultados de laboratorio. Considera indispensable revisar cómo se interpretan esos datos, qué antecedentes se incorporan a los estudios y qué responsabilidades podrían surgir de las investigaciones.
“Los resultados para la parte actora no son fiables por todos los motivos que vengo contándoles. Y, por otro lado, en caso de que esos resultados efectivamente sean como los están señalando, también indicarían que en definitiva el origen de la contaminación era Atanor”, insistió.
La próxima etapa dependerá de los informes que debe presentar la Autoridad del Agua dentro de los plazos establecidos por la Justicia. Esos documentos serán relevantes para conocer qué revelan los análisis más recientes, qué ocurre con los pozos investigados y hasta dónde llega la evidencia científica sobre el posible desplazamiento de contaminantes en el subsuelo de San Nicolás.
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