16 noviembre 2026 - 16:22
Cintia Amarilla tiene 50 años, es madre de tres hijos y lleva dos años en diálisis. Su esposo, Nolberto Rivero, denunció que la obra social todavía no concretó el pago para una cirugía que debía realizarse el 20 de octubre en Recoleta.
La vida de Cintia Amarilla, una mujer de 50 años, madre de tres hijos y vecina de San Nicolás, depende de un tratamiento de diálisis que realiza tres veces por semana mientras espera un trasplante renal. La intervención estaba programada para el pasado 20 de octubre en el ITAC, ubicado en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, pero debió suspenderse por inconvenientes con la autorización de IOMA. Casi un mes después, su familia denuncia que la obra social todavía no efectuó el pago necesario para que el establecimiento médico pueda asignarle una nueva fecha de cirugía.
Su esposo, Nolberto Rivero, se comunicó con PRENSA LIBRE SN para hacer público el reclamo y pedir una solución urgente. Según explicó, la paciente cuenta con una donante compatible, tiene realizados los estudios médicos necesarios y solamente aguarda que se resuelva la situación administrativa que impide concretar la operación.
“Mi señora hace dos años que hace diálisis, no le funcionan los riñones”, relató Rivero, quien describió el largo camino que atravesó la familia desde que comenzaron los tratamientos y surgió la posibilidad de un trasplante.
Poco después de que Marisol empezara a recibir diálisis, varios familiares se ofrecieron como posibles donantes. Entre ellos se encontraban una hermana, una sobrina y un primo de su esposo. Después de los estudios de compatibilidad, los profesionales determinaron que dos de las mujeres podían donar un riñón y finalmente fue seleccionada la hermana de Rivero.
Con la donante definida, comenzaron los trámites para realizar la intervención. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por sucesivas demoras, autorizaciones pendientes y estudios que debieron repetirse porque perdieron vigencia mientras aguardaban respuestas de la obra social.
“Siempre tuvimos que hacer dos veces los estudios porque se habían vencido, porque IOMA siempre no autoriza una cosa, otra”, manifestó el hombre, al explicar las dificultades que enfrentaron durante los últimos meses.
Finalmente, la familia consiguió que el trasplante fuera programado para el 20 de octubre de 2026, en el ITAC de Recoleta. La expectativa de poner fin a dos años de diálisis se frustró cuando la cirugía tuvo que suspenderse.
Según denunció Rivero, la autorización fue emitida por IOMA el mismo día en que estaba prevista la operación, pero el trámite no se completó porque el dinero necesario para concretarla no fue transferido al establecimiento médico.
“Ese mismo día autorizaron la cirugía, pero no tenemos fecha de trasplante porque autorizaron pero no ejecutaron el pago”, explicó.
El esposo de la paciente aclaró que el centro médico continúa aguardando la cancelación de ese compromiso económico para volver a programar la intervención.
“Se tiene que operar en ITAC de Recoleta. Ellos están esperando el pago para darnos nuevamente fecha de cirugía”, sostuvo Nolberto Rivero, al explicar por qué todavía no lograron avanzar con el procedimiento.
La espera resulta especialmente preocupante por las condiciones en las que Marisol debe continuar con su tratamiento. De acuerdo con la información médica aportada por su esposo, la paciente padece poliquistosis renal bilateral y actualmente recibe diálisis tres veces por semana mediante un catéter, debido a que no dispone de vasos sanguíneos adecuados para la realización de una fístula arteriovenosa.
Tampoco puede acceder a la modalidad de diálisis peritoneal por las características de su enfermedad, lo que limita las alternativas disponibles mientras aguarda el trasplante.
El hombre explicó que los médicos advirtieron sobre los riesgos asociados con la utilización prolongada del catéter femoral, principalmente por la posibilidad de infecciones, trombosis y complicaciones vasculares que podrían comprometer la continuidad del tratamiento.
“Cuando deje de funcionar ese catéter femoral, estamos sonados. Bueno, mi señora, en realidad no quiero llegar a eso”, expresó, al describir la angustia que atraviesa la familia.
La situación derivó en una presentación judicial mediante una acción de amparo que tramita ante el Juzgado de Garantías N.º 1 de San Nicolás. La documentación aportada a este medio permite comprobar que la familia recurrió a la Justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la cobertura de la intervención.
En uno de los escritos, la defensora oficial informó que IOMA continuaba sin concretar el pago relacionado con el trasplante renal, pese a las comunicaciones incorporadas al expediente.
Ante esa situación, solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de octubre de 2026 y que se aplicaran multas por cada día de demora. La presentación también pidió habilitación de días y horas para su tratamiento urgente, debido al riesgo que enfrenta la salud de la paciente.
Por otra parte, un informe judicial fechado el 3 de noviembre, presentado por una abogada de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, señala que IOMA había comunicado una solicitud a su Dirección de Finanzas para que realizara el pago con carácter urgente.
Sin embargo, esa documentación no acredita que la transferencia se haya concretado. De acuerdo con el testimonio más reciente de Rivero, el establecimiento médico sigue esperando los fondos para reprogramar el trasplante.
El esposo de Marisol también expresó su preocupación porque los estudios prequirúrgicos podrían perder nuevamente vigencia, lo que obligaría a repetir procedimientos y prolongaría todavía más los tiempos de espera.
“Tenemos todos los estudios, es más, en cualquier momento se van a volver a vencer”, advirtió.
La decisión de hacer público el caso surgió después de comprobar que, pese a las presentaciones judiciales y los pedidos efectuados, la operación continúa sin una nueva fecha.
“Ya no sé qué hacer. Yo quisiera hacerlo público”, expresó el hombre, quien espera que la difusión del reclamo permita acelerar una solución.
Detrás del conflicto administrativo hay una mujer de 50 años, madre de tres hijos, que lleva dos años dependiendo de la diálisis y que ya cuenta con una donante dispuesta a someterse a la intervención necesaria para mejorar su salud.
Mientras esa situación no se resuelva, Cintia Amarilla continuará aguardando una operación que debía haberse realizado el 20 de octubre y que, según el reclamo de su esposo, permanece postergada por una cuestión económica y administrativa ajena a la voluntad de la paciente y de su familia.
El pedido de Nolberto es concreto: que IOMA efectúe el pago pendiente y permita que su esposa finalmente pueda acceder al trasplante renal que necesita.
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