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9 noviembre 2026 - 19:21
Dos altos mandos de la Policía Bonaerense, con antecedentes de servicio en Junín, fueron desafectados de sus funciones. Uno quedó detenido y el otro fue notificado de la causa por presuntos hechos de extorsión y cohecho.
Una investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires derivó en la detención de un comisario inspector y la imputación de otro funcionario de alto rango, ambos con antecedentes de servicio en Junín. Los procedimientos se realizaron el viernes, en el marco de una causa que busca determinar si integrantes de la conducción de la Dirección de Prevención Motorizada (GPM) exigían dinero a efectivos subordinados a cambio de beneficios relacionados con sus condiciones de trabajo.
Los involucrados son el comisario mayor Jorge Guillermo Tartaglini, quien se desempeñaba como director de la dependencia, y el comisario inspector José María Balmaceda, que ocupaba el cargo de subdirector. Ambos fueron apartados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial, iniciada a partir de denuncias formuladas por integrantes de la propia fuerza de seguridad.
La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11 del Departamento Judicial La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso distintas medidas destinadas a reunir documentación y establecer las posibles responsabilidades de los funcionarios.
Durante los procedimientos realizados en la sede de la Dirección de Prevención Motorizada, personal judicial y de la Dirección de Asuntos Internos efectuó allanamientos que culminaron con la detención de Balmaceda. El funcionario fue trasladado a una dependencia policial de Avellaneda, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
En cambio, Tartaglini permaneció en libertad, aunque fue notificado formalmente de la formación de la causa en su contra, conforme a lo establecido por el artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense. Esta medida implica que fue informado de su condición de imputado y de la existencia de una investigación penal que lo involucra.
La hipótesis que examina la Fiscalía apunta a determinar si ambos jefes habrían utilizado sus posiciones jerárquicas para reclamar pagos indebidos a personal subordinado, ofreciendo a cambio determinadas condiciones de servicio o beneficios internos. Los hechos son investigados bajo posibles figuras de cohecho y extorsión, sin que hasta el momento se hayan establecido responsabilidades penales definitivas.
Como parte de las diligencias, los investigadores secuestraron teléfonos celulares oficiales y particulares, además de libros de guardia, planillas de asignación de horas y otra documentación vinculada con el funcionamiento de la dependencia. El material será analizado para intentar reconstruir las operaciones y comunicaciones relacionadas con las denuncias.
En paralelo, Asuntos Internos dispuso la desafectación preventiva de los dos funcionarios y el retiro de sus armas reglamentarias y credenciales policiales. También se adoptaron medidas administrativas sobre sus haberes mientras se desarrolla el procedimiento.
La situación tuvo consecuencias sobre la estructura de conducción de la Dirección de Prevención Motorizada, ya que ambos ocupaban los principales cargos jerárquicos. Según la información difundida, las autoridades provinciales dispusieron modificaciones en la cadena de mando mientras se define la designación de sus reemplazantes.
Los dos investigados cuentan con antecedentes de servicio en Junín, donde desempeñaron funciones de responsabilidad antes de asumir sus últimos destinos.
Balmaceda estuvo al frente del Destacamento de Seguridad Vial ubicado sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 262, durante el período de la pandemia. Posteriormente, en 2022, fue trasladado a otra dependencia.
Por su parte, Tartaglini ejerció la conducción del Comando de Patrullas de Junín y, desde diciembre de 2025, había sido destinado a la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales, con asiento en La Plata.
La investigación se inició a partir de presentaciones efectuadas por policías subordinados a los funcionarios señalados. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si existió un mecanismo de recaudación irregular, cuáles fueron sus alcances y si participaron otras personas.
Las diligencias continúan con el análisis de los elementos secuestrados y la incorporación de testimonios. No se descarta que el expediente avance sobre otros integrantes de la fuerza si aparecen pruebas que permitan ampliar las responsabilidades investigadas.
La detención, la imputación y las medidas administrativas adoptadas no constituyen una declaración de culpabilidad. La causa permanece en etapa de investigación y será la Justicia la encargada de establecer si se cometieron los delitos denunciados y qué participación tuvo cada funcionario.
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