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9 noviembre 2026 - 08:10
Gonzalo Arnedillo presentó una nueva nota ante el Concejo Deliberante de San Nicolás para exigir el tratamiento de una iniciativa que busca hacer públicos los análisis del agua. También reclama una respuesta a su pedido de utilizar la Banca 21.
A casi cuatro meses de haber presentado un proyecto de ordenanza para garantizar el acceso público a los análisis de calidad del agua potable en San Nicolás, Gonzalo Arnedillo volvió a dirigirse al Honorable Concejo Deliberante para reclamar avances en su tratamiento. Mediante una nota fechada el 6 de noviembre de 2026, solicitó a la Presidencia del cuerpo que aplique distintos artículos del reglamento interno para evitar que la iniciativa continúe sin una resolución legislativa.
La presentación también incluye un pedido de información sobre la solicitud de Banca 21, el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual pretende exponer la problemática ante los concejales. Según explicó, ambas iniciativas fueron impulsadas en julio y, hasta el momento de formular el nuevo reclamo, no había recibido una respuesta que permitiera conocer con precisión el estado de sus trámites.
El proyecto de ordenanza busca establecer mecanismos para garantizar que la población pueda consultar los resultados de los análisis realizados sobre el agua destinada al consumo humano. Su finalidad es facilitar el acceso a información verificable y actualizada, de manera que los vecinos conozcan los controles efectuados y sus resultados.
De acuerdo con la documentación presentada, la iniciativa permanece en la Comisión de Legislación General, aunque Arnedillo aclaró que esa información surge de los datos de los que dispone y solicitó que se confirme oficialmente su situación.
Para avanzar en el procedimiento, el docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) pidió que se utilicen las herramientas previstas en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Concejo Deliberante, particularmente los artículos 28, 45, 53, 55 y 65.
Uno de los planteos centrales se apoya en el artículo 55, que contempla mecanismos de intervención frente a demoras en el funcionamiento de las comisiones. En ese sentido, solicitó que la Presidencia requiera formalmente a la Comisión de Legislación General un informe sobre el expediente, las razones por las cuales todavía no fue tratado y las actuaciones pendientes.
También pidió que, si la demora persiste, se evalúe establecer un plazo para que la comisión emita el despacho correspondiente. En caso de que ese término venza sin una resolución, solicitó considerar las alternativas reglamentarias para llevar el asunto a una sesión, incluso sin despacho, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
La nota propone además la intervención de la Comisión de Acuerdos y Labor Legislativa, conforme al artículo 45, inciso 3, para que examine el estado del trámite y proponga medidas que permitan agilizarlo.
Respecto de las atribuciones de la Presidencia, Arnedillo invocó el artículo 28 y reclamó que se adopten las medidas necesarias para evitar que la falta de avances se prolongue indefinidamente. También solicitó que se consideren las disposiciones de los artículos 53 y 65, relacionadas con el funcionamiento de las comisiones y el tratamiento de iniciativas legislativas.
Otro de los aspectos cuestionados es la ausencia de una respuesta concreta sobre la Banca 21. El impulsor del proyecto pidió que se le informe si existe alguna observación, requisito pendiente o impedimento reglamentario para acceder a ese mecanismo de participación, además de conocer los plazos previstos para resolver su solicitud.
En el escrito también reclama los números de expediente asignados a ambas presentaciones, una explicación formal sobre las demoras y una respuesta por escrito que detalle las medidas adoptadas por las autoridades del cuerpo.
La fundamentación del pedido remite a los derechos reconocidos en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, además de la legislación sobre acceso a la información pública, información ambiental y protección del ambiente.
En uno de los pasajes del documento, Arnedillo sostiene: “El acceso a información verificable, completa y oportuna sobre la calidad del agua destinada al consumo humano constituye una condición fundamental para el ejercicio informado de los derechos de la población y para la adopción de medidas preventivas por parte de las autoridades competentes”.
El reclamo está centrado en la transparencia de los controles sanitarios pretende que los resultados de los análisis estén disponibles para su consulta y puedan ser conocidos por la comunidad.
Asimismo, el autor de la presentación aclaró que su solicitud no busca reemplazar las atribuciones de los concejales ni condicionar una eventual votación, sino conseguir que el proyecto sea debatido mediante los procedimientos institucionales correspondientes.
“La publicidad de los análisis de calidad del agua potable merece una consideración institucional diligente, fundada en la prevención, la transparencia y la protección de la salud de la población”, expresó en el tramo final de la nota.
Con este nuevo planteo, Gonzalo Arnedillo busca que el Concejo Deliberante de San Nicolás defina el camino administrativo y legislativo de una propuesta presentada meses atrás, cuyo eje es garantizar que los vecinos puedan acceder a los resultados de los controles del agua que consumen.
La respuesta de las autoridades legislativas será determinante para conocer si el expediente avanza hacia su tratamiento en comisión y posterior debate, o si continúa pendiente de una definición institucional.
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