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26 agosto 2026 - 16:13
El oficialismo buscará aprobar un nuevo ordenamiento para el área protegida. Antes de la sesión, la Fundación Azara envió un informe técnico con fuertes objeciones y pidió no avanzar con la propuesta en sus actuales términos.
El futuro del Parque Rafael de Aguiar volverá este jueves 27 de agosto al recinto del Concejo Deliberante de San Nicolás. El oficialismo buscará avanzar con una nueva ordenanza para regular el área, en una sesión que estará atravesada por dos elementos centrales: la medida cautelar que continúa vigente y una opinión técnica de la Fundación Azara que cuestiona aspectos sustanciales del proyecto y considera que no debería aprobarse tal como fue presentado.
La discusión legislativa se dará mientras sigue abierta la causa judicial iniciada por la Fundación Organización de Ambientalistas (FOMEA). La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó anteriormente el planteo realizado por el Municipio y mantuvo la cautelar que impide innovar sobre sectores protegidos hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.
Así, la sesión del jueves no tendrá como telón de fondo solamente el conflicto judicial. A pocas horas del tratamiento del proyecto ingresó al Concejo una presentación técnica que pone bajo discusión varios de los fundamentos del nuevo esquema impulsado por el Ejecutivo.
El documento de la Fundación Azara está fechado el 21 de agosto de 2026 y fue elaborado por Claudio Bertonatti, asesor científico de esa institución e investigador del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la Universidad Maimónides. Fue dirigido a los concejales precisamente para aportar elementos técnicos antes de que deban pronunciarse sobre el futuro del área.
Para realizar el análisis fueron considerados el proyecto de ordenanza, el plano de la nueva zonificación, el Plan de Conservación del Bosque Nativo aprobado en 2025, el Plan de Manejo de 2010, la Ordenanza 8235/2012 y antecedentes relacionados con el expediente judicial.
La conclusión resulta particularmente significativa frente a la inminente sesión: según Azara, con la información disponible no está demostrado que la propuesta mantenga o mejore el nivel de protección anterior y existen razones suficientes para no avanzar con el proyecto en sus actuales términos.
Uno de los principales reparos está puesto en la nueva zonificación. Bertonatti sostiene que no aparecen suficientemente explicadas las razones técnicas para reemplazar el esquema existente ni de qué manera los cambios mejorarían la protección ambiental. Además, señala que faltan superficies, códigos y coordenadas de los polígonos y que tampoco se identifica con claridad qué criterio fue utilizado para realizar las recategorizaciones.
El análisis detectó incluso una diferencia entre el texto que deberán tratar los concejales y el plano que lo acompaña. El artículo 10 establece siete zonas, pero la cartografía identifica solamente seis.
La que no aparece localizada es la denominada “Zona de Infraestructura y Servicios Sustentables”, justamente aquella en la que podrían concentrarse obras, instalaciones y servicios. Para la Fundación, esa omisión impide saber dónde estaría ubicada y cuáles serían concretamente las restricciones ambientales aplicables.
También existe un cuestionamiento sobre el mecanismo con el cual se elaboró la nueva propuesta. Azara contrapone el proceso actual con el Plan de Manejo de 2010, que fue confeccionado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas y contó con talleres participativos coordinados por la Universidad Nacional de La Plata. En la documentación del nuevo esquema, sostiene, no aparecen identificados los especialistas responsables de la zonificación ni la metodología utilizada.
Otro punto que podría adquirir relevancia durante el debate del jueves es el artículo 11. La iniciativa permitiría al Departamento Ejecutivo modificar posteriormente la zonificación y los usos correspondientes a cada sector. Bertonatti advierte que esa facultad podría derivar en cambios sobre reglas aprobadas por el Concejo sin que esas modificaciones deban regresar al cuerpo deliberativo para una nueva discusión.
La Fundación Azara cuestiona además que el Plan de Conservación del Bosque Nativo sea tomado como principal instrumento para administrar el lugar.
“El Parque Rafael de Aguiar no es solo bosque nativo”, sostiene el informe. Allí también existen humedales, lagunas, barrancas, una caverna y otras geoformas, además de patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico e inmaterial. Por eso reclama que cualquier planificación contemple integralmente el ecosistema.
La organización tampoco rechaza el uso recreativo o turístico del Parque. Por el contrario, señala que el Plan de Manejo de 2010 ya contemplaba actividades públicas, educativas y turísticas, junto con infraestructura y servicios. La diferencia, según el análisis, radicaba en concentrar las intervenciones de mayor impacto en determinados sectores para preservar los ambientes de mayor valor ecológico.
Otro de los puntos que llegará inevitablemente asociado a la discusión legislativa es qué ocurrió con los sectores que ya fueron intervenidos.
Azara sostiene que antes de establecer un nuevo ordenamiento debería determinarse qué ambientes resultaron afectados, cuál era su condición anterior, qué debe recomponerse y mediante qué mecanismos podrá verificarse esa recuperación.
Según el informe, ni el Plan de Conservación aprobado mediante la Disposición 21/25 ni la documentación municipal analizada contienen un inventario con superficies, objetivos, plazos, responsables, indicadores y sistemas de auditoría que permitan comprobar la restauración ambiental.
Ese aspecto adquiere especial peso por lo sucedido ante la Suprema Corte bonaerense. Cuando en marzo rechazó el pedido municipal para levantar parcialmente la cautelar sobre El Arenal y Barranquitas, el máximo tribunal provincial consideró que no estaba suficientemente acreditada la existencia de un programa concreto y verificable de recomposición. La opinión técnica presentada ahora sostiene que esa falencia todavía no fue subsanada.
Por eso, la sesión de este jueves tendrá un escenario particularmente sensible. El oficialismo intentará avanzar con un nuevo ordenamiento para el Parque Rafael de Aguiar mientras permanece vigente una restricción judicial y los concejales tienen ahora sobre sus bancas un informe técnico que cuestiona la zonificación, la posibilidad de futuras modificaciones por parte del Ejecutivo y la falta de precisiones sobre la recomposición ambiental.
La definición de Azara sintetiza su postura frente a la discusión que llegará al recinto: “El Parque Rafael de Aguiar fue reconocido como Área Natural Protegida Municipal. El uso público es plenamente compatible con esa condición, pero tiene que ordenarse desde la conservación, no en su contra”.
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