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21 agosto 2026 - 10:40
La presentación sostiene que existe un patrón de demoras en causas ambientales, investigaciones inconclusas, omisión de pruebas científicas y decisiones reiteradamente revocadas por tribunales superiores.
Una denuncia por grave mal desempeño fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el titular del Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, a raíz de su actuación durante años en distintas investigaciones penales vinculadas con contaminación ambiental, tras su recepción tramita bajo el número 113/2026.
La presentación fue realizada por organizaciones ambientales, y solicita que el Consejo abra una investigación sobre la conducta funcional del magistrado.
El planteo denuncia la reiteración, durante años y en expedientes diferentes, de una misma modalidad de conducción de investigaciones ambientales que habría obligado a intervenir sucesivamente a la Cámara Federal de Rosario y a la Cámara Federal de Casación Penal.
Un patrón que se repite
Según la denuncia, las distintas causas exhiben características comunes, demoras prolongadas, negativa o postergación de medidas impulsadas por fiscales y querellantes, cierre prematuro de investigaciones, falta de producción de pruebas esenciales, insuficiente valoración de evidencia científica y reiteradas intervenciones de tribunales superiores para conseguir que los procesos avanzaran.
La presentación sostiene que este comportamiento adquiere una gravedad especial cuando ocurre en investigaciones ambientales. El paso del tiempo puede hacer desaparecer las pruebas de precisamente aquello que debe investigarse, cesan emisiones y vertidos, se remueven residuos, cambian los procesos industriales y se modifica el suelo y las demás matrices ambientales. En materia ambiental, una prueba que no se produce a tiempo puede ser una prueba que se pierde definitivamente.
El escrito reconstruye principalmente lo sucedido en tres expedientes de gran impacto, Ternium Siderar, ProchemBio y Atanor— y agrega como antecedente la causa Motomel. Según la presentación, las investigaciones principales acumulan, en promedio, alrededor de una década de tramitación sin que se hubieran adoptado oportunamente decisiones procesales centrales.
Ternium Siderar: Casación pidió celeridad y las demoras continuaron
Uno de los antecedentes centrales es la causa Ternium, iniciada por una familia de pescadores artesanales que denunció contaminación industrial del río Paraná, aguas subterráneas, suelo y atmósfera. En junio de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia federal y efectuó una advertencia particularmente severa al Juez Villafuerte Ruso, es Cámara pidió al juzgado actuar con premura, evitar nuevas demoras y arbitrar los medios necesarios para agilizar una investigación vinculada con hechos considerados graves, los denunciantes afirman que el juez no acató la orden, todo lo contrario aún hoy el magistrado sigue generando demoras y deficiencias en la investigación.
La situación volvió, sin embargo, a la Cámara Federal de Rosario. El juez había rechazado un allanamiento, una inspección integral de la planta industrial y la obtención de muestras requeridas por la Fiscalía y la querella. En abril de 2025, la Cámara revocó esa decisión, consideró que se había realizado un análisis parcial de la prueba y ordenó avanzar con las medidas científicas solicitadas, el allanamiento sigue pendiente y juez el 20 de agosto de 2026 una vez más lo postergó.
ProchemBio: dos archivos revocados por la Cámara
La causa ProchemBio constituye otro de los ejes de la presentación. Allí la Cámara Federal de Rosario debió intervenir en dos oportunidades frente a decisiones que cerraban la investigación pese a la existencia de pruebas pendientes de ejecución y fuertes indicios de contaminación ambiental con agroquímicos.
Según se reconstruye en la denuncia, la Cámara contradijo a Villafuerte Ruzo y consideró que todavía existían medidas probatorias por realizar y que las vías de investigación no se encontraban agotadas.
El pronunciamiento de la Cámara contiene afirmaciones especialmente críticas, así sostuvo que había elementos que “no fueron adecuadamente valorados”, que algunas evidencias ni siquiera habían sido consideradas y que tampoco se había profundizado la investigación frente al cuadro indiciario presentado por la querella.
También señaló la necesidad de inspeccionar la planta y tomar muestras para realizar un análisis pericial completo. Según el fallo citado en la denuncia, esa prueba no había sido ordenada por el juez durante toda la investigación pese a haber sido sugerida desde las primeras actuaciones e insistentemente solicitada por la querella.
Atanor: doce años y una decisión excepcional de la Cámara
El capítulo más grave de la denuncia está vinculado con la empresa Atanor que es una de las investigaciones ambientales de mayor trascendencia de la región. La causa comenzó en 2014. Durante años, la Fiscalía y la querella solicitaron a Villafuerte Ruzo que ordenara la declaración indagatoria a distintos imputados, pero esos pedidos fueron rechazados o diferidos.
Finalmente, en junio de 2026, la Cámara Federal de Rosario adoptó una decisión excepcional, ya que ese Tribunal no se limitó a revocar la decisión del juez de primera instancia, sino que dispuso directamente que se convocara a las declaraciones indagatorias solicitadas por los acusadores imponiendo a Villafuerte Ruzo la obligación de cumplir con esa orden.
En uno de los pasajes más contundentes utilizados para fundamentar la denuncia disciplinaria, la Cámara Federal de Rosario cuestionó la forma en que el juez federal de San Nicolás había manejado la investigación delegada y afirmó que esa modalidad “afecta directamente la elucidación del hecho investigado”.
Para los denunciantes, allí se encuentra uno de los elementos centrales del planteo, ya no se trata solamente de una crítica formulada por quienes intervienen como querellantes, sino de observaciones provenientes de los propios tribunales encargados de revisar las decisiones del magistrado.
El punto central: no son causas aisladas
La denuncia pide al Consejo de la Magistratura que los antecedentes no sean analizados separadamente, si bien están comprometidas empresas diferentes, hechos diferentes y períodos distintos. Sin embargo, la presentación afirma que existe una coincidencia: investigaciones prolongadas, medidas científicas pendientes, cierres prematuros, decisiones revocadas y necesidad de sucesivas intervenciones de tribunales superiores para conseguir el avance de las causas.
La denuncia destaca precisamente que esa reiteración se proyecta durante al menos ocho años y que las coincidencias aparecen en expedientes distintos, promovidos por denunciantes diferentes y revisados en distintos momentos por órganos judiciales superiores.
El Consejo de la Magistratura deberá determinar ahora si esa secuencia constituye simplemente una sucesión de decisiones judiciales susceptibles de revisión —algo propio del funcionamiento normal de los tribunales— o si, como sostiene la denuncia, la reiteración y persistencia de esas conductas configura un problema funcional susceptible de ser investigado como mal desempeño.
Ese será el verdadero eje de la discusión. Porque detrás de los expedientes involucrados existe además una cuestión que excede al propio magistrado, por un lado en quien o quienes se sustenta la posibilidad de que un juez de la Nación se desempeñe con tales deficiencias y por otro lado qué eficacia puede tener la Justicia penal frente a graves hechos de contaminación si las investigaciones ambientales necesitan diez o doce años, múltiples apelaciones que conforman un entramado de obstáculos y la desgastante necesidad de sucesivas órdenes de tribunales superiores para producir pruebas o adoptar decisiones procesales elementales.
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