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26 junio 2026 - 06:55
El máximo tribunal rechazó un recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la medida que ordena aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios ya anticiparon que reclamarán una recomposición salarial del 32,5%.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir con parte de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025. La decisión obliga al Poder Ejecutivo a otorgar aumentos salariales al personal docente y no docente de las universidades nacionales, convocar a paritarias e incrementar los fondos destinados a becas estudiantiles.
El fallo ratifica la resolución que había sido confirmada previamente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dejando vigente la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados a la actualización de salarios universitarios y al fortalecimiento del sistema de becas.
La resolución judicial coincide parcialmente con el acuerdo alcanzado el 10 de este mes entre el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales en materia salarial. Sin embargo, las casas de estudio sostienen que ese entendimiento no reemplaza la aplicación integral de la ley aprobada por el Congreso y continúan reclamando su cumplimiento.
Tras conocerse la decisión de la Corte, los gremios universitarios adelantaron que exigirán una recomposición salarial del 32,5%, al considerar que el acuerdo firmado con el Ejecutivo no compensa completamente la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, quien publicó un mensaje en la red social X. «Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena«, expresó.
La cautelar ratificada por la Corte ordena aplicar las actualizaciones salariales previstas por la ley desde 2023 hasta la actualidad, además de incrementar los fondos destinados a las Becas Progresar.
En cambio, el acuerdo firmado entre el Gobierno y los rectores contempla un incremento salarial del 24,33%, distribuido en 21,33% durante junio y un 3% adicional en octubre. Ese esquema incorpora la recomposición correspondiente a 2025, la actualización por inflación hasta mayo de 2026 y un adicional del 7% para compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo registrada en 2024.
La principal diferencia con la ley es que esta última establece una recuperación salarial con efecto retroactivo al 1° de diciembre de 2023, un punto que no fue incorporado en el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo.
El acuerdo también prevé un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas universitarias y terciarias. Esos beneficios permanecían congelados en $81.685 desde 2024. No obstante, el acta firmada no contempla modificaciones para las Becas Progresar.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Luego de las movilizaciones universitarias realizadas en distintos puntos del país, el Congreso insistió con la norma y el mandatario terminó promulgándola mediante un decreto, aunque sostuvo que no podía ejecutarla por no existir una fuente específica de financiamiento para afrontar los incrementos previstos.
Frente a esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una acción judicial para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto y se ordenara el cumplimiento de la ley mediante una medida cautelar.
El juez Diego Cormick hizo lugar al planteo y dispuso la aplicación inmediata de los artículos referidos a salarios y becas. Esa resolución fue confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que fue rechazado este jueves. Además, solicitó que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se apartaran del expediente por su condición de docentes universitarios, planteo que también fue desestimado.
Con esta decisión, quedó firme la cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir las disposiciones centrales de la Ley de Financiamiento Universitario mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión.
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