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El Colegio de Abogados de San Nicolás cuestionó una publicación sobre “Mafia del Derecho Ambiental”
13 mayo 2026 - 14:25
La entidad emitió una declaración institucional en defensa del debido proceso y advirtió que las acusaciones sin respaldo judicial “no constituyen prueba de nada”.
El Colegio de Abogados de San Nicolás difundió una declaración institucional para pronunciarse sobre una publicación periodística aparecida en un medio local bajo el título “Mafia del Derecho Ambiental”, en la que se aludía al accionar de profesionales vinculados a causas ambientales y organizaciones de la sociedad civil.
A través del comunicado, la entidad sostuvo que decidió dirigirse a la comunidad “en ejercicio de su responsabilidad de velar por la ética profesional y la institucionalidad del sistema jurídico”, marcando posición frente al contenido de la publicación.
El Colegio expresó que comparte “con la sociedad la preocupación por la transparencia en el ejercicio de la abogacía” y aseguró que rechaza “en términos absolutos, cualquier conducta que pudiera apartarse de los principios deontológicos que rigen la profesión”.
Sin embargo, la institución remarcó que también tiene “la obligación institucional de advertir” que una publicación basada “exclusivamente sobre fuentes anónimas, referencias en off the record y atribuciones sin respaldo documental no constituye prueba de nada”.
En el texto, el Colegio recordó que “en el Estado de Derecho, la determinación de responsabilidades —penales, civiles o disciplinarias— es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales competentes” y señaló que esa función “no puede ser suplida por el juicio periodístico, cualquiera sea la relevancia pública del medio que lo formule”.
La declaración también hizo especial énfasis en el rol de los abogados que intervienen en litigios ambientales, como es el caso de Fabián Maggi, a quién fuera dirigida dicha publicación periodística. Según indicó la entidad, “el ejercicio del patrocinio jurídico en causas ambientales, la representación legal de organizaciones de la sociedad civil y la promoción de acciones judiciales son actividades legítimas, legalmente reconocidas y constitucionalmente protegidas”.
Además, consideró que calificarlas “mediante términos de connotación delictiva, sin sustento en resolución judicial alguna, importa un ataque a garantías fundamentales que este Colegio no puede dejar sin respuesta”.
En otro tramo del documento, la entidad sostuvo que, en caso de existir irregularidades concretas, “el camino institucional es claro e inequívoco: la denuncia ante la Justicia competente y, en su caso, ante el Tribunal de Disciplina de este Colegio”.
La entidad agregó que ese mecanismo institucional “es el único ámbito habilitado para determinar responsabilidades”, reafirmando así la necesidad de canalizar cualquier acusación a través de los organismos judiciales y disciplinarios correspondientes.
Finalmente, el organismo ratificó “su compromiso permanente con la ética profesional, la independencia judicial y el debido proceso como garantías irrenunciables del Estado de Derecho” y expresó su confianza “en las instituciones de la República”.
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