5 mayo 2026 - 18:33

En dialogo con PRENSA LIBRE SN, el abogado ambientalista cargó contra empresas, jueces y organismos, denunció contaminación persistente y defendió su labor frente a los ataques: “No me voy a distraer”.

El abogado ambientalista nicoleño Fabián Maggi volvió a alzar la voz sobre las principales causas que atraviesan la agenda ambiental de la región y dejó definiciones contundentes en diálogo con PRENSA LIBRE SN, donde cuestionó el accionar judicial, denunció situaciones de riesgo en el predio de Atanor y apuntó contra sectores que, según afirmó, buscan desacreditar su trabajo.

Sobre la situación en Atanor, Maggi describió escenas recientes que, según indicó, evidencian que el problema sigue activo: “la ponen y la sacan cada vez que quieren juntar la cantidad de suelo contaminado que cae en el pie de barranca, sobre la orilla del río. La bajan con la grúa, juntan, ponen en bolsones y vuelven a subir todo”, dijo sobre la pala mecánica que se vio trabajando en la barranca -sostenida por una grúa- días atrás.

En ese marco, alertó también por las condiciones en las que se realizan esas tareas: “tienen una jaula donde cuelgan a un operario dentro, y el pobre hombre tiene que ir raspando la barranca con palas, sin medidas de protección adecuada”, sostuvo, al referirse a trabajos sobre lo que definió como “la mancha amarilla”, un foco histórico de contaminación en la zona.

Para el letrado, la complejidad del caso crece día a día: “Las novedades son tantas que es difícil de gestionarlas y manejarlas”, señaló, al mencionar nuevos focos contaminantes, el estado del agua y el traslado de estructuras hacia Río Tercero.

Máquina trabajando en la barranca, al lado del predio de Atanor

Maggi fue especialmente crítico con el funcionamiento de la Justicia en materia ambiental: “En el departamento judicial de San Nicolás parece ser moneda corriente… La regla es la demora”, afirmó. Y agregó: “no hay causa ambiental, en San Nicolás, que se actúe con celeridad”. En esa línea, remarcó que las consecuencias de esas demoras son concretas: “estamos remediando hoy contaminación que tiene más de 20 años”, advirtió, y expresó su preocupación: “nosotros tememos que eso –los trabajos en la barranca contigua a Atanor- genere un impacto aún mayor”.

Sobre el conflicto conocido como “causa Sidersa”, Maggi cuestionó tanto la actuación judicial como el encuadre del caso: “no sería correcto denominarla causa Sidersa”, explicó, al señalar que el origen está en una denuncia por una cava ilegal en el arroyo del Medio ubicado en el partido de Ramallo. Recordó que luego de la presentación de la ONG UPVA (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) Ramallo, “lo que obtuvimos fueron más de 2 años de demora”, lo que permitió que el daño ambiental avanzara, a la par de la obra en Sidersa. Empresa a la que por entonces se desconocía que estaba dirigido el material extraído.

En paralelo, el abogado denunció una campaña en su contra tras una publicación periodística en un medio local: “me atribuyen una asociación ilícita con jueces y peritos… el delirio de este titular”, afirmó, y consideró que esas acciones buscan “hacer mella nuestra labor a través de mentiras”.

En ese sentido, apuntó contra sectores vinculados a la defensa de empresas: “eso tiene un origen directo… en la causa Atanor y sus representantes legales”, y mencionó al abogado Juan Carlos Marchetti, a quien describió como “un exjuez de la dictadura… procesado por delitos de lesa humanidad”.

Lejos de retroceder, Maggi reafirmó su postura: “no pienso distraerme de mi función… esto me da más fuerza para continuar”, aseguró.

También cuestionó al Colegio de Abogados: “tenemos severos cuestionamientos… creemos que están del lado de quienes protagonizan este tipo de conductas inadmisibles”, expresó.

En el tramo final, el abogado planteó un debate de fondo sobre el desarrollo y el ambiente: “el reclamo ambiental no está en contra de las fuentes de trabajo”, sostuvo, y remarcó: “no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a la ilegalidad con la que plantean este falso desarrollo”.

Finalmente, sobre la rezonificación del predio de Sidersa aprobada hace corto tiempo en el Concejo Deliberante, fue tajante: “es absolutamente ilegal, es muy burdo”, advirtió, al tiempo que alertó sobre posibles riesgos vinculados a la instalación industrial en esa zona debido a la cercanía de la Ruta 9, el autódromo y otros espacios urbanos.

Con fuertes definiciones, Maggi volvió a colocar el foco en la situación ambiental del distrito y en el rol de la Justicia, en un escenario donde —según sus propias palabras— “la regla es la demora” y las consecuencias siguen impactando sobre el ambiente y la salud pública.

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