18 abril 2026 - 10:18

Esta semana se redujo dramáticamente la frecuencia de la línea 505, afectando a cientos de usuarios. El rol controlador del estado, por ahora ausente.

Esta semana, cientos de usuarios de la línea 505 de la empresa Vercelli Hnos. se encontraron con una marcada reducción de frecuencias que impacta de lleno en su rutina diaria.

En distintos momentos del día, de lunes a viernes, los pasajeros deben esperar hasta una hora y veinte minutos para poder subir a una unidad. A esto se suma el horario del último servicio en cada cabecera —Las Viñas a las 21:00 y Fraga a las 20:00—, lo que deja sin cobertura a numerosos usuarios, como empleados de comercio que finalizan su jornada entre las 20:00 y las 20:30, estudiantes terciarios que en su mayoría cursan hasta las 22:00, entre otros.

Durante los fines de semana, la situación se agrava. Los sábados, por ejemplo, el servicio se reduce a apenas entre seis y siete pasadas diarias, dependiendo del sentido del recorrido.

Los domingos y feriados el panorama es aún más crítico. Quienes toman el colectivo desde barrio Fraga cuentan con solo cuatro opciones: 07:40, 11:40, 18:20 y 20:00, lo que implica intervalos de hasta siete horas entre un servicio y el siguiente. En tanto, desde Las Viñas hay seis salidas: 07:00, 08:20, 11:00, 12:20, 17:40 y 19:00, con esperas que en algunos casos alcanzan las cinco horas y veinte minutos.

Esta situación no solo afecta a quienes utilizan el transporte con fines recreativos, sino también a cientos de trabajadores gastronómicos, empleados de comercio y otros sectores que deben cumplir horarios que no están contemplados en la nueva grilla.

Además, estas reducciones no fueron informadas de manera anticipada ni adecuada a los usuarios. Muchos advirtieron los cambios al comprobar demoras mayores a las habituales —históricamente de unos 40 minutos— y recién obtuvieron explicaciones al consultar a los choferes cuando finalmente arribaban las unidades.

La notable reducción de frecuencias en la línea 505 del transporte público en San Nicolás volvió a poner en discusión el rol del Estado local frente a la prestación del servicio. En base a la normativa vigente, tanto el Concejo Deliberante como el intendente cuentan con herramientas concretas para intervenir y exigir la normalización del sistema.

El esquema actual se remonta a la Ordenanza N° 5638 del 20 de junio de 2002, que otorgó a la empresa prestataria un permiso precario para operar el servicio urbano de pasajeros. Esa norma estableció que el transporte es un servicio público esencial bajo control municipal, facultando expresamente al Estado local a regular tarifas, recorridos y frecuencias.

En ese marco, la propia ordenanza fija que el Municipio puede “fiscalizar sus actividades… recorrido, frecuencias, tarifas” y “intervenir el servicio cuando éste se vea interrumpido”, lo que abre la puerta a medidas directas ante incumplimientos como los que denuncian usuarios de la línea 505.

Control, sanciones y exigencias

Desde el punto de vista legal, el Concejo Deliberante puede avanzar en distintas acciones:

• Convocar a la empresa prestataria a dar explicaciones formales sobre la reducción de frecuencias.
• Modificar o condicionar el cuadro tarifario, teniendo en cuenta que las actualizaciones dependen de aprobación legislativa.
• Exigir el cumplimiento de recorridos y horarios establecidos bajo apercibimiento de sanciones.

En paralelo, el intendente municipal, como autoridad de aplicación, tiene facultades operativas más directas:

• Ordenar inspecciones y auditorías del servicio.
• Aplicar sanciones administrativas por incumplimientos.
• Intimar a la empresa a restablecer frecuencias mínimas obligatorias.
• Intervenir el servicio en caso de deficiencias graves, tal como prevé la normativa.

Un punto central del marco legal es que la prestación del servicio no se encuentra bajo una concesión definitiva, sino bajo un esquema precario. La Ordenanza 5638 establece que el permiso “caducará automáticamente” cuando se adjudique una futura licitación pública.

Esto habilita una alternativa de fondo:

• Llamar a una nueva licitación que redefina las condiciones del servicio, incluyendo frecuencias mínimas, inversión en unidades y penalidades más estrictas.

Más recientemente, la Ordenanza N° 10570 (2024) introdujo un sistema de actualización tarifaria basado en costos, lo que consolidó el esquema económico del servicio. Sin embargo, la normativa mantiene implícita una condición clave: el aumento del boleto debe ir acompañado de una prestación acorde.

En ese sentido, especialistas señalan que el Municipio podría condicionar futuras subas tarifarias al cumplimiento efectivo de las frecuencias, una herramienta que ya se utiliza en otros distritos.

El trasfondo: un servicio monopólico

Desde 2002 a la actualidad, el sistema evolucionó hacia una situación de hecho en la que una sola empresa concentra la totalidad del servicio urbano. Si bien esto no es ilegal en sí mismo, refuerza la necesidad de un control estatal activo para garantizar calidad y regularidad.

Qué está en juego

La reducción de frecuencias impacta directamente en usuarios que dependen del transporte para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. En ese contexto, la normativa vigente no deja vacíos: el Municipio tiene herramientas para actuar.

La discusión, entonces, no pasa solo por la existencia de reglas, sino por su aplicación efectiva. Entre la fiscalización, las sanciones, la revisión tarifaria o incluso una nueva licitación, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo local cuentan con un abanico de medidas para intentar revertir la situación y restablecer un servicio acorde a la demanda de la ciudad.

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