4 abril 2026 - 10:27

La apelación contra los sobreseimientos vuelve a poner en foco vínculos entre el narcotráfico colombiano, inversiones millonarias y figuras del deporte como “Chicho” Serna.

Imagen: María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos —viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria

Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco apelaron la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien el 26 de marzo dispuso el sobreseimiento de ocho imputados en una causa por lavado de activos vinculada al narcotráfico internacional.

La decisión judicial benefició, entre otros, al abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet, a su esposa María de los Ángeles Verta, a María Isabel Santos Caballero y a Juan Sebastián Marroquín Santos —viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria—, al exfutbolista de Boca Juniors Mauricio Alberto “Chicho” Serna Valencia, a la contadora María Gabriela Sánchez y a los empresarios Antonio Pedro Ruíz y Esteban Adrián Delrío.

Según los representantes del Ministerio Público Fiscal, el fallo resulta “arbitrario” y se aparta de las reglas de valoración de la prueba. En ese sentido, sostuvieron que el juez aplicó “un estándar de corroboración incompatible con la etapa instructora” y realizaron un duro cuestionamiento al análisis del expediente.

La investigación está centrada en presuntas maniobras para introducir en el sistema financiero argentino fondos de origen ilícito vinculados al ciudadano colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, asociado al cartel de Cali. De acuerdo al expediente, se habrían canalizado más de 3 millones de dólares y más de 1,7 millones de pesos mediante estructuras societarias.

El caso se originó a partir de una alerta de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que detectó vínculos entre Piedrahita Ceballos y operadores en Argentina. La pesquisa fue impulsada inicialmente por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso junto a la PROCUNAR.

En ese marco, los fiscales señalaron que Corvo Dolcet habría actuado como “testaferro” del colombiano, administrando inversiones en desarrollos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar, como “Country Urbano”, “Ínsula Urbana” y “Pilar Bicentenario”, este último ubicado en el kilómetro 46 del ramal Pilar de la autopista Panamericana.

Respecto de la viuda y el hijo de Escobar, el Ministerio Público les atribuyó un “aporte esencial” al haber presentado en 2007 a Piedrahita Ceballos con Corvo Dolcet, facilitando la operatoria financiera. Como contraprestación, habrían recibido al menos el 4,5% del total invertido.

En el caso de Mauricio “Chicho” Serna Valencia, se le imputó haber transferido derechos sobre tres inmuebles a un precio “irrisorio y ficticio”, bienes que estarían vinculados a Carlos María Aguilar, exjefe de la estructura criminal “La Oficina de Envigado”.

La causa tuvo un largo recorrido judicial. En 2019 se solicitó su elevación a juicio, y en junio de 2020 el entonces juez federal de Morón, Néstor Barral, concretó esa instancia. Sin embargo, tras un planteo de competencia, el expediente pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, donde finalmente Martínez de Giorgi dictó los sobreseimientos al considerar nulo el origen de la investigación y la declaración de Piedrahita Ceballos, quien había declarado como imputado colaborador en 2019 en Miami.

Los fiscales cuestionaron duramente esa decisión y advirtieron que el colombiano —condenado en Estados Unidos y Colombia— permanece “impune de momento solo en nuestro país”. Además, remarcaron que el fallo “reduce artificialmente el universo probatorio” y desestima indicios clave en delitos complejos como el lavado de activos.

“No estamos ante una simple discrepancia valorativa”, señalaron, sino ante “un pronunciamiento que se aparta de las reglas de la sana crítica”. También criticaron que se haya considerado la formalidad de las sociedades como un indicio de legalidad, cuando —indicaron— “las maniobras más sofisticadas de blanqueo procuran precisamente servirse de vehículos jurídicos regulares”.

En su presentación, los fiscales solicitaron que se mantengan las medidas cautelares sobre bienes y activos investigados y pidieron que la Cámara Federal revoque los sobreseimientos, disponga la elevación a juicio y cierre la etapa de instrucción.

El caso vuelve así a una instancia clave, en medio de fuertes cuestionamientos sobre el alcance de la investigación y el rol de la Justicia en una causa de alto perfil internacional.

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