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Otra denuncia contra Adorni: contratos millonarios y la concesión de Tecnópolis
20 marzo 2026 - 05:47
Los ejes centrales de la presentación es un contrato por más de $3.650 millones y una concesión estimada en más de $183.300 millones
La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La presentación judicial, que trascendió este jueves, pone el foco en posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones impulsadas desde la Secretaría de Comunicación y Medios, así como en la adjudicación y gestión del predio estatal durante el período 2025-2026.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es un contrato otorgado a la empresa ATX S.A. por más de $3.650 millones, destinado a servicios de mensajería masiva como envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. Según el escrito, en ese proceso se detectaron posibles vínculos societarios entre firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia.
En ese sentido, la denuncia advierte que la reiteración de empresas relacionadas en distintas licitaciones y las variaciones de precios podrían configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
El otro punto clave del planteo apunta a la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En este caso, se menciona un presunto conflicto de intereses a partir de la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
La presentación también detalla conexiones comerciales entre distintas compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según Pagano, podría constituir un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los hechos denunciados podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios y empresarios involucrados en las maniobras denunciadas.
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