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Limitación del Gobierno Nacional obliga a trabajadores a perder su jubilación
2 febrero 2026 - 23:00
Una medida empuja a miles a la PUAM porque aun no tienen aportes completos, en un contexto de fuerte recorte del empleo público.
El Gobierno nacional avanzó con una limitación a seis meses de los contratos de empleados estatales mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes, una decisión que, en la práctica, los obliga a pasar a la PUAM aunque no cumplan los requisitos de una jubilación ordinaria. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.
Según precisó la Agencia Noticias Argentinas, la PUAM equivale hoy al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $279.443. Si bien incluye cobertura de salud a través del PAMI, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva.
La resolución establece además que, para renovar contratos, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse cuando el trabajador tenga más de 30 años de aportes. El problema, advierten fuentes sindicales, es que una porción de los alcanzados no reúne los requisitos legales: quedan sin empleo, sin obra social y sin posibilidad de completar los aportes faltantes.
A fines de 2024, los contratados (no permanentes) representaban el 12,7% del total de la planta del Estado: cerca de 58 mil personas, número que ya venía descendiendo por no renovaciones. En paralelo, casi 1.100.000 jubilados continúan activos laboralmente en Argentina, el 19% del total y un 60% más que hace una década.
La aplicación es sin excepciones: alcanza incluso a áreas donde el trabajador es el único técnico con experiencia específica o a dependencias con dotaciones por debajo del mínimo para funcionar. Meses atrás, por Resolución 3/2023, habían sido intimados a jubilarse 10.000 empleados públicos que cumplían condiciones; más de 6.800 eran de planta permanente.
El recorte se inscribe en cambios estructurales del sistema previsional y del empleo estatal. La Administración Pública Nacional (APN) cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2% impulsada por el gobierno de Javier Milei. En total, se recortaron aproximadamente 63.234 puestos (-18,4%), es decir, casi 80 personas por día (79,84), según el Centro CEPA. En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron más despidos; en términos proporcionales, el golpe fue mayor en la administración centralizada, con un vaciamiento de funciones.
A esto se suma el fin de las moratorias. Desde hace un año, el Poder Ejecutivo decidió no prorrogar la moratoria de la ley 27.705, que permitía jubilarse regularizando períodos no aportados. Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron por ese mecanismo, por lo que su eliminación anticipa un impacto social significativo, según datos oficiales.
La reacción sindical no tardó. El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento el Gobierno presiona a los trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una Puam o la calle”, afirmó.
Aguiar vinculó la medida con otras políticas oficiales que afectan al empleo estatal: “A esto se suma la amenaza de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete, la falta de convocatoria a paritarias y salarios cada vez más deteriorados”, enumeró, y advirtió que el Gobierno “acumula medidas contrarias a los intereses de los trabajadores”.
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