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Los estatales tensan la calle y preparan un paro cuando el Senado debata la reforma laboral
28 enero 2026 - 09:56
ATE y gremios de empresas públicas definieron una huelga con movilización y evalúan adelantar protestas en febrero en provincias que respalden el proyecto del Gobierno.
Los gremios estatales dieron un paso más en la confrontación con el Gobierno nacional y resolvieron convocar a un paro general con movilización para el día en que el Senado trate la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Además, analizan anticipar medidas de fuerza durante los primeros días de febrero en aquellas provincias cuyos gobernadores acompañen la iniciativa oficialista.
La decisión fue adoptada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas tras una extensa reunión realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde las organizaciones coincidieron en que el proyecto representa “un retroceso significativo en materia de derechos laborales”. En ese marco, los sindicatos acordaron llevar esta definición a un encuentro con organizaciones de la CGT, previsto para este miércoles en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con el objetivo de ampliar la convocatoria.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que una huelga general durante el debate legislativo “es absolutamente necesaria”, aunque advirtió que no puede tratarse de una acción aislada. “Tiene que estar precedida por un plan de lucha”, planteó, y remarcó la necesidad de protestas y movilizaciones previas antes de que el proyecto llegue al recinto del Senado.
Aguiar también apuntó contra los gobernadores que respaldan la iniciativa y los ubicó como actores clave para que el oficialismo logre avanzar. En ese sentido, mencionó las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con mandatarios provinciales, y señaló que esos encuentros “demuestran que el Ejecutivo nacional necesita del acompañamiento de las provincias para sacar la reforma”.
Desde el espacio gremial alertaron que la propuesta oficial debilita la protección de los trabajadores y amplía el poder de los empleadores, con consecuencias que —advirtieron— “no pueden terminar en nada bueno”. Además, rechazaron el argumento del Gobierno de que la reforma no impacta en el sector público: recordaron que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que es uno de los ejes del proyecto.
Entre las dependencias alcanzadas mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas, el Hospital Garrahan, Intercargo, Belgrano Cargas y otros entes y empresas públicas.
Los gremios también cuestionaron la modificación del monotributo, al considerar que podría profundizar situaciones de fraude laboral en el Estado, y el cambio de competencia judicial que trasladaría los conflictos laborales desde la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo, un punto que —según advirtieron— restringiría el acceso efectivo de los trabajadores a la tutela judicial.
Con estas definiciones, el sindicalismo estatal busca instalar el conflicto en la agenda pública y condicionar el tratamiento legislativo de una reforma que promete escalar en tensión política y social en las próximas semanas.
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