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Lunes 19 de Enero de 2026
19 enero 2026 - 10:51
A través de un Decreto, el presidente Milei convocó al Congreso para tratar una agenda de cuatro proyectos clave.
El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este lunes, mediante su publicación en el Boletín Oficial, la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Según lo establecido en el Decreto 24/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la actividad parlamentaria se desarrollará entre el 2 y el 27 de febrero.
La hoja de ruta enviada por el Gobierno incluye cuatro puntos fundamentales, entre los que se destaca el tratamiento de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, hasta ahora resistida por un gran sector social. Junto a esta reforma, el Ejecutivo incluyó el “Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE”, la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el pliego para la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, en el marco de la Ley N.º 20.957.
En las horas previas al inicio del debate, el oficialismo intensificó los contactos para blindar los avales necesarios. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, lidera el diálogo con los mandatarios provinciales, Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coordinan la estrategia con los legisladores.
El principal foco de conflicto reside en la postura de los gobernadores aliados. Los jefes provinciales exigen una compensación por la caída en la recaudación del impuesto a las Ganancias, ya que consideran que el articulado de la reforma laboral afectaría directamente los fondos de coparticipación que reciben sus distritos.
El acuerdo con el bloque europeo representa otro de los grandes retos del periodo de extraordinarias. Para que el pilar comercial del pacto entre en vigencia en Argentina, el texto debe obtener la aprobación tanto del Parlamento Europeo como del Congreso nacional.
Sin embargo, el panorama para la sección política del entendimiento es sustancialmente más complejo. Desde el entorno presidencial admiten que ese tramo requiere el visto bueno de los parlamentos de cada una de las naciones de Europa, lo que vuelve el trámite “más lento y muy improbable que termine exitosamente”.
