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Pidieron la prisión preventiva del juez federal Gastón Salmain

30 diciembre 2025 - 07:42

El magistrado está acusado de permitir la salida de 10 millones de dólares al exterior durante el período de cepo cambiario.

El Juzgado Federal N°4 de Rosario resolvió el procesamiento del juez federal Gastón Salmain por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una investigación que indaga la presunta manipulación de un expediente judicial para permitir la salida de 10 millones de dólares al exterior durante el período de cepo cambiario. La decisión incluyó el dictado de prisión preventiva, que quedó en suspenso por la inmunidad de arresto que ampara a los magistrados, y el embargo de bienes por 200.000 dólares.

La resolución fue firmada el viernes pasado por el juez Carlos Vera Barros, quien también procesó al financista Fernando Elías Whpei y al escribano Santiago Busaniche. La causa es investigada por los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; el fiscal general Diego Velasco y el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Rosario; junto al fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y el auxiliar fiscal Esteban Venditti.

Según lo resuelto, los hechos investigados se habrían desarrollado entre septiembre de 2023 y abril de 2024, cuando Salmain, en su carácter de titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, hizo lugar a una acción de amparo que habilitó a una financiera a operar en el Mercado Único y Libre de Cambios y girar divisas al exterior. Para el magistrado instructor, quedó acreditado que existió un “pacto espurio” entre el juez, el financista y el escribano para concretar esa operatoria.

Al analizar la situación procesal, Vera Barros recordó que los imputados ya habían sido indagados: Busaniche el 26 de noviembre, Whpei el 27 de noviembre y Salmain el 9 de diciembre, instancia en la que se les comunicó que estaban acusados de integrar una asociación ilícita en la causa caratulada “Attila Fideicomiso SRL y otros sobre infracción al artículo 303”. No obstante, el juez descartó finalmente esa calificación al considerar que no se configuraban los requisitos de permanencia en el tiempo ni la multiplicidad indeterminada de delitos exigidos por el artículo 210 del Código Penal.

En su resolución, el juez sostuvo que, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, los tres imputados “llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial” y autorizar la salida de 10 millones de dólares. La primera transferencia, según se reconstruyó, se concretó el 14 de diciembre de 2023 por 1.128.850 dólares, a cambio de un retorno del 10% sobre la diferencia generada por la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial.

Para fundamentar el procesamiento, Vera Barros destacó la declaración de Whpei en calidad de imputado arrepentido, en los términos de la Ley 27.304, en la que admitió las maniobras y describió reuniones y contactos con Salmain y Busaniche. En ese testimonio, el financista relató encuentros en el despacho del juez, ubicado en calle Entre Ríos, y comunicaciones por WhatsApp, además de reuniones presenciales en el Hotel Four Seasons y el Florida Garden. También afirmó que los pagos se realizaban “en dólares, en efectivo”, y que Busaniche cumplía un rol clave como intermediario.

El juez consideró que esas afirmaciones encontraron respaldo en las constancias de la investigación, especialmente en el dictado de la medida cautelar que benefició a la actora en los términos solicitados. En relación con Salmain, concluyó que incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato al dictar resoluciones contrarias a la ley “a sabiendas”, con el objetivo de favorecer a la financiera. En ese punto, subrayó que la acción de amparo fue presentada en un juzgado sin competencia territorial, lo que el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA) calificó como una maniobra de forum shopping, y que la medida se otorgó sin contracautela y sin acreditar debidamente las deudas invocadas, irregularidades que luego motivaron su revocación por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

En cuanto a las calificaciones legales, el magistrado encuadró la conducta de Salmain en los artículos 248, 257 y 269 del Código Penal, atribuyéndole el delito de cohecho pasivo agravado en calidad de autor. A Whpei se le imputó cohecho activo simple como autor, por haber pactado las condiciones técnicas y el pago; mientras que a Busaniche se le atribuyó cohecho pasivo como partícipe secundario, al haber colaborado en la concreción del acuerdo.

Al resolver las medidas cautelares, Vera Barros ordenó la prisión preventiva de Salmain y la prohibición de salida del país, aunque aclaró que la detención no se hará efectiva por la inmunidad de arresto prevista en la Ley 25.320 de fueros. También dispuso el embargo de bienes de los tres imputados por 200.000 dólares cada uno, con la advertencia de que, si no ofrecen bienes en un plazo de cinco días, se avanzará con la inhibición general. Respecto de Whpei y Busaniche, se mantuvo su libertad bajo caución juratoria, con restricciones de salida del país y la obligación de informar cambios de domicilio y comparecer ante cada citación judicial.

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