27 diciembre 2025 - 13:01

El oficialismo no está solo, la “casta” a la que tanto fustigó terminó siendo su principal aliada.

Editorial

​El Presupuesto aprobado anoche en el Senado de la Nación, no es solo una hoja de cálculo; es un manifiesto político. El gobierno de Javier Milei, con la complicidad necesaria de sectores del PRO, un radicalismo fragmentado y gobernadores “colaboracionistas”, ha logrado convertir en ley un ajuste que no tiene precedentes por su ensañamiento contra la movilidad social ascendente.

​El oficialismo no está solo, la “casta” a la que tanto fustigó terminó siendo su principal sostén. Las fuerzas que acompañaron el ajuste, fueron – naturalmente – La Libertad Avanza (LLA), el PRO y un sector de la UCR que priorizó la “gobernabilidad”. También fue clave el rol de los gobernadores – como el peronista Jaldo de Tucumán o el PRO Orrego de San Juan) y bloques como “Innovación Federal”, cuyos votos fueron canjeados por promesas de obras o pagos de deudas previsionales.

​Casi en soledad, Fuerza Patria mantuvo un rechazo total, denunciando la inconstitucionalidad de varios artículos. Algunos sectores de la Coalición Cívica y el radicalismo díscolo también votaron en contra, pero no fue suficiente.

La Educación fue el blanco predilecto del ataque. Por primera vez en décadas, el Estado Nacional renuncia formalmente a las metas de inversión que eran ley:

​Chau al 6% del PBI: Se suspende la obligación de invertir el 6% del Producto Bruto Interno en Educación.

​Ciencia en terapia intensiva: Se anula el piso del 1% del PBI para Ciencia y Tecnología.

​Universidades desfinanciadas: Aunque el Congreso impidió la derogación total de la Ley de Financiamiento Universitario en el primer round, el presupuesto aprobado finalmente consolida partidas que, frente a la inflación real, implican un recorte del 33,8% respecto a 2023.

​El diagnóstico es claro, un país que no invierte en sus cerebros está condenado a exportar materias primas y mano de obra barata. El ahorro en educación no es ahorro, es una deuda interna que pagarán las próximas generaciones.

​El Gobierno jacta de un “superávit primario del 1,2%”. Pero, ¿en qué se usa esa “plata que sobra”?

​Pago de intereses de deuda: El destino prioritario es el cumplimiento con los acreedores externos y el FMI. El ahorro de las escuelas y los hospitales financia la “confianza de los mercados”.

​Aparato de Seguridad y Defensa: Mientras se recortan becas Progresar (caída real del 76%), se han priorizado partidas para reequipamiento militar y fondos para la SIDE.

​Exenciones impositivas: Se mantienen beneficios fiscales para grandes corporaciones que superan ampliamente lo que se “ahorra” recortando el Fondo de Incentivo Docente (FONID).

​Por otro lado, lo que el Gobierno vende como “federalismo fiscal” es, en la práctica, un sistema de extorsión institucional. Lo “positivo” para LLA es que lograron que las provincias acepten un esquema de “extinción de obligaciones recíprocas”, donde el Estado Nacional limpia deudas a cambio de que las provincias sigan ajustando sus propias cajas. De esta manera, recortaron las transferencias no automáticas y los fondos para las cajas previsionales provinciales (se girará apenas la mitad de lo necesario). Esto obliga a los gobernadores a ser los ejecutores del ajuste en sus territorios si quieren recibir fondos discrecionales (ATN).

Este presupuesto es la victoria de la planilla de Excel sobre la realidad social. Milei ha logrado que el Congreso valide un país donde el Estado ya no garantiza derechos, sino que solo garantiza pagos. La “libertad” parece ser, al final, la libertad de los más fuertes para desentenderse de los más débiles.

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