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Sábado 20 de Diciembre de 2025
20 diciembre 2025 - 10:45
Fue a pedido del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta el poder, contactos y medios económicos que conserva el acusado, lo que le permitiría evadirse u obstaculizar la investigación
La Justicia federal resolvió prorrogar la prisión preventiva domiciliaria del exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque hasta el 25 de marzo de 2026, en el marco de las múltiples investigaciones penales que enfrenta por prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. La decisión fue adoptada por el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La resolución se dictó luego de la exposición de los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la Delegación Rosario de esa dependencia. La audiencia se realizó el martes 16 de diciembre y contó además con la participación del auxiliar fiscal Esteban Venditti, en representación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Durante la audiencia, Argibay Molina sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para acreditar la probabilidad de la existencia de los hechos y la participación del imputado, lo que —según expresó— quedó satisfecho con las audiencias de formalización de cargos en la causa vinculada a la compra de un lote en el country Vida. A ello sumó las acusaciones presentadas por el MPF en los expedientes conexos denominados “Cooperativa” y “Mizzau”, que, indicó, refuerzan la teoría del caso oficial sobre la responsabilidad de Bailaque.
En cuanto a los riesgos procesales, los fiscales señalaron que la detención cautelar continúa siendo la única alternativa eficaz, dado que el exmagistrado cuenta con medios económicos suficientes para abandonar el país. En ese sentido, Argibay Molina remarcó que la Dirección Nacional de Migraciones informó que Bailaque registró diversos viajes al exterior. También destacó la gravedad de los delitos imputados y advirtió que una eventual condena, cuya escala oscila entre 5 y 50 años de prisión, no sería de ejecución condicional.
El MPF también planteó el riesgo de entorpecimiento de la investigación en caso de que el imputado recupere la libertad. Los fiscales subrayaron que una de las imputaciones principales está vinculada a la intervención de Bailaque en una causa judicial que tuvo asignada y que, pese a haber dejado el cargo, mantiene cercanía con la prueba y con el avance de las investigaciones a través de contactos con funcionarios y empleados judiciales que integran las oficinas intervinientes.
Entre las medidas pendientes, el MPF indicó que restan realizar entrevistas para corroborar versiones exculpatorias de algunos imputados y declaraciones de colaboradores, además de aguardarse informes de distintos organismos públicos. Argibay Molina agregó que aún no se logró acceder a la información contenida en un teléfono celular Apple, modelo iPhone A2882, propiedad de Bailaque, debido a que el dispositivo se encontraba bloqueado y resultó incompatible con el software forense disponible. Asimismo, advirtió que el imputado habría intentado borrar la totalidad de la información del equipo.
El titular de la PROCELAC Rosario también puso el foco en el peligro de reiterancia delictiva, al señalar que las conductas atribuidas a Bailaque habrían sido cometidas junto a al menos tres personas más, y remarcó la magnitud del daño ocasionado a las víctimas, con un perjuicio económico directo estimado en 200.000 dólares, producto de una extorsión en la que el exmagistrado habría intervenido activamente.
Cabe recordar que en la audiencia del 30 de abril de 2025, el juez Rodríguez Da Cruz había decretado la prisión preventiva por 90 días, resolución que fue confirmada parcialmente el 19 de mayo por la Cámara Federal de Rosario, que dispuso su cumplimiento bajo la modalidad domiciliaria. La medida se ejecutó el 1° de julio, luego de que se aceptara la renuncia de Bailaque a su cargo como juez federal. Posteriormente, el 25 de septiembre, la prisión preventiva domiciliaria fue prorrogada por otros 90 días hasta el 25 de diciembre de 2025, plazo que ahora volvió a extenderse hasta el 25 de marzo de 2026.
