Rosario: prisión preventiva para 13 acusados de integrar una red narcocriminal tras el secuestro

6 diciembre 2025 - 09:30

En dos meses y medio, la banda habría ingresado al mercado argentino 745 kilos de cocaína proveniente de Bolivia

Trece personas fueron imputadas y quedaron bajo prisión preventiva en Rosario, luego de una investigación federal que desembocó en 29 allanamientos y el secuestro de casi 53 kilogramos de cocaína. La pesquisa, que se extendió durante once meses, estuvo a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA.

Según la investigación, el grupo trasladaba la droga desde Bolivia y la distribuía en distintos puntos de Rosario y localidades vecinas. De acuerdo con las anotaciones incautadas, en dos meses y medio habrían ingresado al mercado 745 kilos de cocaína.

Los trabajos de campo, vigilancias, seguimientos y escuchas culminaron el jueves pasado, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 29 allanamientos y detuvo a los 13 sospechosos: diez hombres identificados como A.F.S., J.J.A., L.C.F.L., H.S.S., M.J.M., J.F.R., A.L.R., L.R., G.A.G. y W.G.A.; y tres mujeres, C.P.M., N.B.L. y M.M.E.

En los operativos se secuestraron 52,885 kilogramos de clorhidrato de cocaína —53 paquetes en un domicilio de Vieytes al 2700 y fracciones listas para la venta en viviendas de Gascón al 2400, Fontana al 3100, Rauch al 1500 y bulevar Pescio al 4600, en Casilda—. También se incautaron $ 51.630.400, 67.262 dólares, ocho balanzas, elementos de fraccionamiento, 46 teléfonos celulares, 13 armas de fuego, 691 municiones y 17 vehículos.

La acusación fue presentada por los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi durante una audiencia de formalización ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Según la hipótesis fiscal, el grupo operó al menos entre mayo de 2024 y noviembre de 2025, con un esquema dividido en niveles que incluía abastecimiento, acopio, distribución y reventa.

La fiscalía atribuyó a cuatro imputados —H.S.S., M.J.M., L.C.F.L. y J.J.A.— el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en la modalidad de distribución y comercio. A A.F.S. se le adjudicó el rol de organizador y financista, mientras que otros ocho acusados quedaron imputados por almacenamiento y tenencia con fines de comercialización. Seis de ellos también fueron acusados de tenencia ilegítima de armas de fuego.

Los fiscales describieron un circuito de provisión desde el norte del país, con viajes exprés a Salta y Bolivia, impactos de teléfonos en antenas fronterizas y una logística que, según indicaron, permitía ingresar droga y vaciar el stock con rapidez. Entre los elementos más relevantes mencionaron un cuaderno secuestrado en dos domicilios, donde figuraban registros que contabilizaban 745 paquetes de cocaína desde agosto y más de 500 entregados desde el 12 de noviembre.

Tras evaluar la evidencia, el juez Da Cruz ordenó la prisión preventiva para los 13 imputados hasta el 1° de abril de 2026. Además, dispuso medidas cautelares sobre el domicilio donde se incautó la mayor cantidad de droga, la inhibición general de bienes de todos los acusados hasta cubrir 50 millones de pesos y el embargo de siete vehículos —un Renault Kwid, un Volkswagen Gol Trend, un Renault Kangoo, dos Renault Sandero, un Chevrolet Prisma y un Peugeot 508— con fines de decomiso.

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