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Nuevo revés judicial para Ternium, la Cámara de apelaciones falló a favor de la Municipalidad de Ramallo
6 diciembre 2025 - 07:39
La empresa está pagando solo el 25% del valor de la tasas y adeuda miles de millones al municipio
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás, denegó el recurso extraordinario de nulidad deducido por la empresa TERNIUM ARGENTINA S.A. contra el fallo judicial que obliga a la empresa a pagar la deuda que detenta por las cuotas impagas de las tasa de inspección de seguridad e higiene.
Este fallo pertenece al primer juicio iniciado por la Municipalidad de Ramallo reclamando el pago de la tasa y cuenta con un fallo a favor de primera y segunda instancia .
En esta oportunidad la cámara ha decidido en forma unánime rechazar el planteo extraordinario efectuado por la empresa deudora para que el caso sea elevado y tratado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, otorgándole una vez más la razón al municipio de Ramallo en cuanto a la legalidad de del reclamo interpuesto.
Qué pasa entre Ternium y la Municipalidad
El primer día hábil de diciembre se profundizó el conflicto entre Ternium Siderar y la Municipalidad de Ramallo: la compañía volvió a depositar menos del 25% del monto correspondiente a la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene (TISH). La situación coloca al gobierno de ese distrito en un escenario fiscal crítico y obliga a evaluar alternativas como una nueva matriz tributaria, la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa, e incluso la posibilidad de vender la deuda de la empresa.
Durante una conferencia empresarial, Paolo Rocca —CEO del Grupo Techint— se refirió al diferendo y afirmó: “Las cargas tributarias que nos quieren imponer desde el municipio afectan directamente nuestra cadena de valor, las inversiones e incluso la generación de empleo”. El Grupo Techint adquirió la antigua SOMISA durante el proceso de privatizaciones del gobierno de Carlos Saúl Menem, lo que en su momento derivó en el despido de 12.000 trabajadores. Desde entonces, según cuestionamientos locales, no se conocieron inversiones estructurales de magnitud, sino soluciones parciales para sostener el funcionamiento de la planta.
Ternium Siderar, considerada la laminadora más importante del país, opera desde su planta en Villa General Savio, en el distrito de Ramallo, con ingresos anuales de gran volumen. De acuerdo con sus balances, solo en el primer semestre de 2025 obtuvo ganancias cercanas a los 60 mil millones de pesos. Sin embargo, la empresa sostiene que los montos tributarios municipales, que se aproximan a los mil millones de pesos en concepto de tasa, resultan excesivos. El Municipio, por su parte, remarca que recibe el impacto ambiental, logístico y urbano derivado de la actividad de la siderúrgica más grande de la región.
Mientras avanzan los juicios por más de cinco mil millones de pesos que Siderar adeuda, la administración municipal debe afrontar obligaciones inmediatas: salud, seguridad, salarios, aguinaldos, servicios públicos, educación y deudas acumuladas.
La ordenanza fiscal impositiva vigente fue aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante, con el acompañamiento de todos los bloques políticos, vecinos y mayores contribuyentes presentes en el recinto. La normativa fija la base imponible en función del número de personas ocupadas por cada contribuyente dentro de la jurisdicción municipal. En el caso de Ternium Siderar, que supera los 4.000 empleados, la empresa se encuentra encuadrada en la categoría VI, lo que implica el pago de un monto por trabajador equivalente a un porcentaje del salario mensual de un “Profesional Clase I” del Municipio. El Ejecutivo local propuso además un coeficiente ajustado por ingresos brutos, pero la empresa rechazó presentar esa información.
Las tensiones vuelven a abrir el debate sobre la responsabilidad social empresaria y el cumplimiento de las normas. En el Municipio advierten que, si la compañía más grande del distrito define unilateralmente cuánto pagar, se genera un precedente negativo para pequeños y medianos contribuyentes que sí cumplen.
Ahora, con la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones, una nueva instancia judicial le dio la razón al municipio.
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