Casación ordenó reactivar la investigación por vertidos cloacales en el Paraná y afirmó que encuadran en la ley de residuos peligrosos

29 noviembre 2025 - 09:58

Rosario// Según el máximo tribunal penal, el hecho de que la actividad de ASSA se desarrolle en el marco de un servicio público no exime a la empresa del cumplimiento de la normativa ambiental.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dicte un nuevo fallo en la causa que investiga la descarga de efluentes sin tratamiento al río Paraná por parte de la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). La resolución, emitida el 30 de octubre, anuló la decisión con la que el tribunal rosarino había revocado el procesamiento de cinco exdirectivos de la firma, al considerar que el caso no se encuadraba dentro del régimen penal de la Ley 24.051.

El pronunciamiento de Casación, firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, cuestionó que la Cámara de Rosario no hubiese analizado de manera integral el alcance normativo de la legislación sobre residuos peligrosos. Según el máximo tribunal penal, el hecho de que la actividad de ASSA se desarrolle en el marco de un servicio público no exime a la empresa del cumplimiento de la normativa ambiental, y recordó que el derecho a un ambiente sano se aplica a todas las actividades productivas.

Casación resaltó además que el concepto de “residuo peligroso” está definido expresamente en la ley y es más amplio que el considerado por el tribunal rosarino, que había recurrido a una acepción del Diccionario de la Real Academia Española para sostener que los efluentes cloacales no encuadraban en esa categoría.

La investigación del Ministerio Público Fiscal abarca el período entre septiembre de 2018 y octubre de 2021, cuando —según peritajes de la Policía Federal Argentina y profesionales judiciales— se habrían vertido al Paraná alrededor de 350 millones de litros diarios de efluentes cloacales desde la Planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en Circunvalación y Ayolas, en Rosario.

La pesquisa, iniciada tras una denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, está encabezada por los fiscales federales Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, con el acompañamiento de Matías Mené, Franco Benetti y Santiago Alberdi, y la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, a cargo de Ramiro González.

De acuerdo con la acusación fiscal, los efluentes volcados contenían coliformes termotolerantes, escherichia coli y niveles elevados de plomo y níquel, lo que habría generado un aumento significativo de microorganismos en la zona de descarga. Estas conductas fueron encuadradas en el artículo 55 de la Ley 24.051, que sanciona con penas de 3 a 10 años a quienes contaminen de un modo peligroso para la salud o el ambiente.

En mayo de 2024, el juez federal Carlos Vera Barros procesó a los exdirectivos Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Oscar Menna y Darío Corsalini, y al exgerente Gustavo Omar Actis, por la contaminación denunciada. Sin embargo, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, integrada por Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, revocó esa decisión, al estimar que ASSA no es una industria en los términos de la ley y que los efluentes cloacales no pueden considerarse residuos peligrosos. También sostuvo que no se había probado un perjuicio concreto a la salud o al ambiente.

El Ministerio Público Fiscal y la querella apelaron aquella resolución por considerarla arbitraria y jurídicamente infundada, pero sus recursos fueron declarados inadmisibles. Tras presentar una queja, el caso llegó a Casación, donde el fiscal general Raúl Pleé respaldó la postura del MPF. Finalmente, el máximo tribunal penal dejó sin efecto el fallo cuestionado y ordenó que la Cámara de Rosario emita un nuevo pronunciamiento.

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