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Condenas de hasta 19 años y medio de prisión para una banda dedicada a secuestros extorsivos en Rosario y Villa Ramallo
22 octubre 2025 - 18:08
Las condenas impuestas van desde 5 hasta los 19 años y medio, las penas más altas recayeron sobre Claudio Daniel Coto, “jefe ideológico”, y Néstor Adrián Santabaya por su rol como “jefe operativo”.
Los condenados Claudio Daniel Coto (arriba), Néstor Adrián Santabaya (a la derecha) y su hijo Nicolás Adrián Santabaya (abajo) durante sus detenciones en diciembre de 2023. Foto: Policía Federal
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario dictó condenas de entre 5 y 19 años y medio de prisión para seis personas acusadas de integrar una organización delictiva dedicada a cometer secuestros extorsivos entre 2021 y 2023, con familiares de empresarios como principales víctimas en las ciudades de Rosario (Santa Fe) y Villa Ramallo (Buenos Aires).
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Rosario y la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO). El tribunal, compuesto por los jueces Eugenio Martínez (presidente), Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, dio a conocer el veredicto el 3 de octubre y publicó los fundamentos el 14 del mismo mes en una resolución de casi 300 páginas.
Las penas más altas recayeron sobre el comerciante Claudio Daniel Coto (63), condenado a 19 años y 6 meses de prisión como “jefe ideológico” de la organización, y el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61), quien recibió 17 años y 6 meses por su rol como “jefe operativo”. Ambos fueron considerados coautores de secuestros extorsivos agravados por haberse cobrado rescate, por la participación de tres o más personas y, en uno de los casos, por involucrar a una víctima menor de edad. También se los condenó por robo agravado, amenazas anónimas y tentativa de extorsión. Coto sumó además una condena por tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad ajeno.
Por los mismos delitos, pero como coautores, fueron condenados Emiliano Mario Andrés Acuña (38) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47) —este último declarado reincidente— a 14 años de prisión. En tanto, el remisero Nicolás Adrián Santabaya (32), hijo del mecánico, recibió 5 años de prisión por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra, también con reincidencia. La misma pena se impuso a Silvia Beatriz López (44), pareja de Pugliese, como coautora de asociación ilícita y partícipe secundaria de un secuestro extorsivo agravado.
Las condenas se ajustaron a los pedidos formulados por el fiscal general Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, quien había solicitado penas de entre 6 y 20 años de prisión. En el juicio participaron también el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, y el Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro, junto a la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio.
El primer secuestro atribuido al grupo ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, cuando la víctima, A.D., fue interceptada por falsos agentes de la Policía Federal y trasladada a San Nicolás. Los captores exigieron un rescate de un millón de dólares, aunque finalmente se pagaron 580.000 dólares en la localidad de Wilde. El hombre fue liberado en el ingreso a Theobald, provincia de Santa Fe.
El segundo y tercer hecho ocurrieron en Rosario con apenas cinco días de diferencia. La víctima fue F.B., una mujer que fue secuestrada junto a su hijo de 13 años. En el primer intento, el 5 de octubre de 2023, el secuestro fracasó cuando el vehículo de los captores quedó atascado en un garaje. El 10 de octubre, ambos fueron finalmente capturados y mantenidos cautivos en una vivienda del Barrio Parque Avambaé de San Nicolás. Los delincuentes pidieron 3 millones de dólares de rescate, aunque las víctimas fueron liberadas esa misma noche en una zona rural de Campo Salles, sin que se concretara el pago.
En todos los casos, se comprobó que la banda realizaba tareas de inteligencia previa sobre las víctimas, seleccionadas por su alto perfil económico. Las víctimas eran inmovilizadas con precintos y algodones en los ojos, y luego liberadas en rutas rurales.
- La investigación
El Ministerio Público Fiscal demostró que entre julio de 2021 y diciembre de 2023 la organización planificó secuestros, amenazas y extorsiones con una estructura que simulaba la de una “fuerza de seguridad paralela”. La pesquisa se basó en un extenso análisis de intervenciones telefónicas, geolocalizaciones, peritajes de voz y reconstrucción de patrones de comunicación, con la colaboración de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dirigida por Romina Del Buono.
Los investigadores detectaron que los delincuentes usaban tres tipos de teléfonos: los “extorsivos” (entregados a las víctimas), los “operativos” (para las acciones delictivas) y los “reales” (personales). Un descuido en el apagado de uno de los celulares permitió vincular directamente a Coto. También se lo relacionó con los alquileres de los lugares de cautiverio —en San Nicolás— contratados mediante identidades falsas a través de plataformas como MercadoLibre y Airbnb.
Santabaya fue identificado mediante análisis de geolocalización y vinculado a una camioneta Renault Trafic blanca, utilizada en el secuestro de F.B. y su hijo. Por su parte, Acuña fue reconocido por una víctima, mientras que Pugliese fue identificado como uno de los cuidadores en el cautiverio y señalado por su afición al ajedrez, detalle confirmado en su domicilio.
La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, del Distrito Rosario, y del fiscal federal Matías Di Lello, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, con la colaboración de la UFECO, dirigida por el fiscal federal Santiago Marquevich, y el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina.
El tribunal concluyó que la banda operaba con una estructura jerarquizada, recursos técnicos y logísticos sofisticados, y un alto grado de planificación, lo que justificó las severas condenas impuestas.
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