Porque nada queda oculto
Sábado 13 de Septiembre de 2025
13 septiembre 2025 - 10:08
Hubo cateos en barrios privados de Pilar y Berazategui; en una caja de seguridad incautaron una importante suma en dólares.
En el marco de la causa que investiga presuntos pagos irregulares vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal Franco Picardi dispuso este viernes una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
Los procedimientos incluyeron la verificación de registros de ingresos y egresos en barrios privados de Pilar y Berazategui, donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Además, se investigó una caja de seguridad perteneciente a Spagnuolo, en la cual se hallaron 80.000 dólares.
En paralelo a los operativos, los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, defensores de Spagnuolo, presentaron su renuncia “por motivos personales”. La decisión fue comunicada mediante un escrito mientras se realizaba un procedimiento en el domicilio del exfuncionario en Pilar. Hasta el momento, Spagnuolo no ha designado nueva representación legal.
Por otro lado, el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de Suizo Argentina por los delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.
Aunque el caso permanece bajo secreto de sumario hasta el jueves 19 de septiembre, la investigación apunta a una presunta ruta de sobornos que involucraría a funcionarios nacionales y a la empresa Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.
El expediente judicial se originó a partir de audios filtrados que mencionan al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Eduardo “Lule” Menem, a los hermanos Kovalivker y a Spagnuolo.
De acuerdo con el texto de la denuncia, “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”. Las conductas investigadas se enmarcan en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.