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Martes 26 de Agosto de 2025
21 agosto 2025 - 19:52
El Gobierno Nacional envuelto en diversos escándalos, opta por el recambio de funcionarios
El Gobierno Nacional a cargo del presidente Javier Milei, nombró a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el desplazamiento de su titular, Diego Spagnuolo, en medio de un escándalo por presuntos pedidos de coimas a prestadores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en una publicación de X: “Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”. El vocero presidencial añadió que “las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”.
La remoción de Spagnuolo, oficializada este jueves, se produjo tras la difusión de audios en los que el exfuncionario libertario aludía a un presunto cobro de sobornos. Desde la Casa Rosada no brindaron explicaciones sobre la veracidad de las grabaciones y calificaron el despido como una medida “preventiva”, tras “la evidente utilización política de la oposición en año electoral”. Es válido destacar que -lejos de negar las acusaciones- ningún legislador libertario si quiera mencionó el tema.
Este escándalo se suma a otro que golpea a la cartera de Salud: el caso del fentanilo contaminado que es investigado por la Justicia. En este sentido, el Gobierno separó de su cargo a Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), ya que tenía a su cargo la fiscalización de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las empresas responsables de la elaboración y comercialización de las ampollas de fentanilo contaminado.
En una causa judicail relacionada con este hecho, el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención de directivos de ambas compañías por posibles desvíos de calidad y de cantidad del producto al mercado ilegal. La fiscal federal María Laura Roteta señaló en su dictamen que se encuentran “frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”.
Asimismo, en la causa del fentanilo contaminado, el Ministerio de Salud de la Nación fue apartado como querellante y será investigado.