Bianco aseguró que están analizando denunciar penalmente al Gobierno de Milei

4 agosto 2025 - 11:11

Se debe a las actividades de espionaje ilegal que instrumento la administración nacional a través de la SIDE

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció que, junto a los equipos legales del distrito, están “analizando” la posibilidad de presentar una denuncia penal por las actividades de espionaje ilegal llevadas a cabo por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre gremios y agrupaciones sociales y políticas opositoras.

Bianco tomó esta decisión tras la publicación de un informe del periodista Hugo Alconada Mon, que expone las acciones de inteligencia dirigidas a personalidades y funcionarios de agrupaciones peronistas, incluyendo al gobernador Axel Kicillof, al diputado nacional Máximo Kirchner y al ex ministro de Economía Sergio Massa. También se mencionan a políticos de otras fuerzas, como Facundo Manes y Néstor Grindetti, ambos de Juntos por el Cambio (JxC).

El ministro calificó estas acciones como “una violación flagrante” del artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que prohíbe a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, funciones policiales o de investigación criminal, así como almacenar datos de funcionarios o militantes “por su opinión política, por adhesión partidaria o social y por la actividad lícita” que desarrollen en cualquier ámbito.

Además, Bianco se refirió a la deuda que tiene la gestión de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires, dividiéndola en tres categorías: deudas directas con la provincia, saldos de obras públicas abandonadas y discontinuidades o retrasos en los programas nacionales. Según el ministro, el Gobierno Nacional adeuda un total de 12,1 billones de pesos.

Por otro lado, anunció que este martes se presentará un nuevo pedido a la Corte Suprema de la Nación a través de la fiscalía de Estado, reclamando específicamente “los fondos previsionales que ascienden a 1,6 billones de pesos”. Bianco solicitó que la Corte se expida y fije una audiencia de partes, similar a lo que hizo anteriormente con las provincias de Córdoba y Santa Fe.