Los Passaglia: el feudo blindado de San Nicolás

25 julio 2025 - 11:41

San Nicolás, tierra tomada. La ciudad no vive en democracia. Vive bajo un feudo institucional blindado, con justicia cómplice, oposición cooptada y medios silenciados por la pauta. El clan Passaglia ha hecho de la política un negocio, de la justicia una herramienta, y del municipio, una empresa familiar.

Por Mauricio Alejandro Spahn

Mientras en muchos rincones del país la democracia se vive con alternancia, debate y control institucional, San Nicolás de los Arroyos se convirtió en un modelo de poder familiar concentrado, autoritario y blindado judicialmente. Desde hace más de una década, la familia Passaglia —Ismael, Manuel y Santiago— gobierna, legisla, administra fondos, maneja listas, entrega obras públicas y persigue opositores con una maquinaria que fusiona política, negocios y justicia cómplice.

Esta nota no busca especular. Se basa en causas judiciales, datos oficiales, informes gremiales, decretos municipales y resoluciones judiciales. Porque la verdad —aunque moleste— merece ser contada.

Un apellido, todos los cargos

Ismael Passaglia, exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Daniel Scioli, intendente de San Nicolás entre 2011 y 2017, fue el fundador del modelo. Peronista de formación, se pasó al macrismo cuando vio que el poder real estaba cambiando de manos. Lo hizo no por convicción, sino por conveniencia.

Manuel Passaglia, su hijo, asumió como intendente sin ser electo, gracias a una maniobra con licencia administrativa. Más tarde, ganó elecciones con el aparato estatal municipal volcado a su favor: propaganda oficial, amenazas laborales y favores económicos.

Santiago Passaglia, hermano del intendente, es diputado provincial, y desde allí protege al clan, garantiza relaciones con la Legislatura bonaerense y obtiene recursos sin control. Es el operador político que completa el triángulo de poder.

Causas judiciales tapadas: enriquecimiento ilícito y lavado

En 2018, se inició una causa federal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¿Los imputados? Ismael, Manuel y Santiago Passaglia, junto a otros familiares. El expediente señala un crecimiento patrimonial “abrupto, sostenido e injustificado”. Entre las pruebas:

Compras inmobiliarias millonarias en Argentina y Uruguay.
Tarjetas de crédito internacionales con consumos en Miami, París y Roma.
Sociedades de fachada para canalizar dinero proveniente de fondos públicos.
Transferencias internas entre familiares simulando operaciones lícitas.

En 2020, la Cámara Federal de Rosario embargó cuentas, autos y propiedades, confirmando que el origen de los fondos es sospechoso.

Pero en 2023, el exjuez federal Marcelo Bailaque —amigo político de la familia, apartado de la justicia por sus vínculos con el narcotráfico— dictó falta de mérito, con una resolución ambigua: “no hay pruebas suficientes para procesarlos, pero tampoco para desvincularlos”. Los fiscales apelaron. La causa sigue abierta, pero ralentizada por un aparato judicial que parece actuar como custodio del poder, no como su contrapeso.

¿Y la fiscalía local? En San Nicolás, la fiscal general, Sandra Bicetti, es una aliada histórica del clan Passaglia. Ninguna denuncia local contra la gestión avanza. Ninguna investigación sobre corrupción, sobreprecios o violencia institucional prospera. La justicia provincial es parte del régimen.

Obra pública: el negocio de familia

Las grandes obras en San Nicolás no son para los vecinos. Son una red de contratos direccionados, favores entre empresas amigas y beneficios privados. Muchas de las firmas que ganan licitaciones están vinculadas a:

Familiares directos
Socios políticos
Exfuncionarios reciclados como contratistas.

Empresas que facturan a través de la SAPEM “Descubrí San Nicolás”, sociedad que actúa como pantalla legal para evadir controles públicos.

Se asfaltan calles que vuelven a romperse a los meses. Se inauguran plazas que no tienen bancos ni luz. Se pintan escuelas con pintura donada, pero se firma como obra municipal. La prioridad no es el bienestar, sino la caja.

Salud pública: abandono sistemático

Mientras el intendente inaugura tótems electrónicos, la salud pública se cae a pedazos:

Salitas sin insumos.
Centros de atención sin médicos de guardia.
Ambulancias rotas o sin chofer.
Derivaciones a clínicas privadas cercanas a empresas con vínculos políticos.

En 2022, se construyó un hospital con fondos municipales que luego fue cedido a un grupo privado, sin licitación ni debate. El Estado financió la infraestructura, y el negocio lo hace un privado.

Seguridad y persecución política

El discurso oficial repite “ciudad segura”. Pero la realidad en los barrios es otra: robos cotidianos, zonas liberadas y patrullaje selectivo. La policía local responde más al intendente que a la ley.

Y cuando aparece una voz disidente: represión, despido o persecución judicial. Empleados municipales que apoyan a la oposición son trasladados, amedrentados o directamente echados. En 2024, el sindicato municipal denunció al Ejecutivo por persecución gremial. El juez laboral les dio la razón. Pero el municipio no acató.

Listas cerradas, amigos premiados y concejo blindado

Las elecciones no son democráticas si los únicos que pueden competir son los amigos del poder. En San Nicolás, las listas se arman con:

Empleados municipales fieles
Concejales que cobran como si fueran empleados, violando la ley.
Dirigentes barriales dependientes del presupuesto del municipio.
Candidatos de “oposición” que en realidad son funcionales al oficialismo.

En el Concejo Deliberante, el oficialismo tiene mayoría automática. Se aprueban rendiciones de cuentas con déficit millonario. Se votan privatizaciones sin debate. Se archivan pedidos de informe. Es un poder legislativo rendido ante el intendente.

Partido político a la carta: del PJ al PRO según el viento

¿Principios? Ninguno. ¿Convicciones? Cero. El clan Passaglia cambió de partido tantas veces como fue necesario para mantenerse en el poder.

En 2011, ganaron con el Frente para la Victoria (PJ).

En 2017, se pasaron a Cambiemos (PRO) cuando vieron que Macri podía ganar.

En 2019, se presentaron como “Juntos por el Cambio” con financiamiento provincial.

En 2023, sumaron libertarios, conservadores y lo que sea útil para conservar el sillón.

No hay ideas. Solo intereses.

Conclusión: ¿hasta cuándo?

San Nicolás no vive en democracia. Vive bajo un feudo institucional blindado, con justicia cómplice, oposición cooptada y medios silenciados por la pauta. El clan Passaglia ha hecho de la política un negocio, de la justicia una herramienta, y del municipio, una empresa familiar.

Pero las pruebas existen. Los documentos están. Las víctimas también. Solo falta que el país mire. Que la provincia actúe. Y que la justicia, alguna vez, responda.

Porque donde el poder no tiene límites, la verdad es el primer enemigo.

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