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Rosario: prisión domiciliaria para el financista acusado de extorsionar empresarios junto al juez Bailaque
9 junio 2025 - 19:38
Elías Fernando Whpei es investigado por maniobras que lo relacionan al magistrado. Cumple domiciliaria con tobillera electrónica porque está a cargo de una hija menor de edad con discapacidad. El tribunal le redujo la inhibición general de bienes de 1.500 a 600 millones de pesos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión domiciliaria por 90 días y con tobillera electrónica, al financista rosarino Fernando Elías Whpei, imputado como autor de los delitos de extorsión y tráfico de influencias, y como partícipe necesario de los de prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. Los fiscales le atribuyen haberse beneficiado con el desvío de fondos de una cooperativa portuaria, y haber impulsado una denuncia falsa para exigir dinero a dos empresarios, hechos coordinados con el titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, ya imputado por otros graves delitos funcionales y a quien se impuso una medida de coerción cuya ejecución depende de su desafuero.
Al resolver, el tribunal integrado por los jueces con funciones de revisión Aníbal Pineda y Fernando Barbará y la jueza Elida Vidal, advirtieron que existe peligro de fuga y entorpecimiento probatorio, y que de probarse los graves delitos que se investigan “sería gravísimo” porque involucran a un juez federal y un empresario.
El tribunal dio a conocer este miércoles su decisión tras la audiencia en la que se trataron las impugnaciones de la defensa de Whpei respecto de las medidas de coerción que, a pedido de los representantes del Ministerio Publico Fiscal (MPF), le impuso el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, cuando el 13 de mayo dio por formalizada la investigación en su contra, dictó la prisión preventiva por 90 días y ordenó la inhibición general por 1.500 millones de pesos.
Las investigaciones están a cargo de los fiscales federales Juan Argibay Molina, de la delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC); y Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; con la participación de los fiscales titulares de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Pedido de revocatoria
El 22 de mayo último, al financista se le otorgó la prisión domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica, tras constatarse -previos informes ambientales ordenados por el juez Da Cruz- que tiene a cargo una hija menor de edad con discapacidad. Además, le autorizaron permisos para trasladar a la niña a una institución terapéutica, de lunes a viernes, de 8 a 10.
En la audiencia del miércoles pasado, la defensa Whpei, ejercida por el abogado particular Renzo Biga, pidió la revocatoria de la medida de coerción, la libertad con restricciones y que se reduzca la inhibición general de bienes a 600 millones de pesos.
El defensor apuntó que no existe, en esta etapa de la investigación, apariencia de responsabilidad de su cliente respecto al delito de extorsión y que, a pesar de conocer el derrotero de las investigaciones que lo vinculan, Whpei no eludió la acción de la justicia, por lo que, según su punto de vista, no se daban los presupuestos de riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio.
La oposición del MPF
Al replicar el planteo, el fiscal Velasco remarcó que la defensa no impugnó las pruebas ni la calificación que sustentan tanto la imputación como la medida de coerción, sino que solo hizo un análisis de ellas. En relación al delito de extorsión, recordó que los mismos tres jueces avalaron la calificación en la audiencia de impugnación a la prisión preventiva que hizo la defensa del juez Bailaque.
Al advertir que la investigación está en marcha, señaló que “se abrieron teléfonos y se han corroborado circunstancias que coinciden con la entrega dinero que denunció Iglesias. Falta abrir más teléfonos, solicitar informes, realizar entrevistas, lo cual va a ratificar la imputación”.
El titular de la PROCELAC postuló que la prisión preventiva “sigue siendo el medio más eficaz para evitar riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación” y agregó: “Tenemos en cuenta la situación humanitaria que debe beneficiar la niña menor de edad, pero Whpei tiene acceso ilimitado a dinero, aviones, recursos. Hay una probabilidad cierta, es fácil para él irse del país”.
Recordó que tras conocerse el 24 de noviembre pasado la imputación a Bailaque, el financista cambió su número de teléfono, borró registros y compró ocho teléfonos encriptados. “Dos días después de la declaración de arrepentido de Vaudagna, en marzo de 2025, buscó contactarse con el abogado de Iglesias y Oneto, lo cual presupone influir en los testigos para que no declaren”.
Por su parte, el coordinador de la Unidad de Admisión y Detección Temprana de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Esteban Venditti, propició el mantenimiento del monto de la inhibición general. Repasó que el empresario “no tiene inmuebles a su nombre, la vivienda donde reside figura a nombre de una persona jurídica vinculada a él, tampoco tiene autos, pero es usuario de varios con credencial azul”.
Decisión unánime del tribunal
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal dio a conocer su decisión “por unanimidad”, según anunció el juez Pineda, al confirmar la prisión preventiva para Whpei en los términos que lo dispuso el juez de Garantías, y le cedió la palabra a su par Barbará.
“Sobre la extorsión y la intimidación, no debemos olvidar que se trata de un caso presunto de delito de guante blanco, que se concreta con medios sutiles. La prisión preventiva como toda medida cautelar, debe tener verosimilitud en el derecho, y la ha habido”, sostuvo el camarista Barbará.
El mismo juez confirmó que en este caso se dan “las dos vertientes de la peligrosidad procesal: peligro de fuga y entorpecimiento probatorio”, y al evaluar las circunstancias y la naturaleza del hecho, sostuvo que “de probarse sería gravísimo, porque involucra a un juez federal y un empresario”.
Pineda insistió en que “está configurado el riesgo procesal” al enumerar “la llamada al abogado de los damnificados, la declaración de Vaudagna, la compra de ocho teléfonos encriptados, el cambio de línea de su teléfono, la información borrada, los medios económicos que tiene el imputado, las cuentas off shore, la ascendencia sobre funcionarios jerárquicos de la AFIP”.
La jueza Vidal reforzó el concepto. “Se mantiene la postura, estamos en presencia del delito de extorsión, que se ha empeñado en demostrar la fiscalía”. Al finalizar, se refirió a la medida cautelar patrimonial, la incidencia de la constitución de querellante de las víctimas y los supuestos beneficios ilícitos que el empresario obtuvo con los fondos de la cooperativa. En ese caso, el tribunal decidió mantener la inhibición general pero redujo el monto de 1.500 millones a 600 millones.
De qué acusan a Whpei
Los representantes del Ministerio Publico Fiscal le atribuyeron a Whpei haber exigido a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto la entrega de 160 mil dólares a cambio de influir en trámites administrativos y judiciales a partir de sus vínculos con el juez Bailaque y con el exfuncionario de la AFIP (hoy ARCA), Carlos Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido y develó el entrelazamiento de graves hechos de corrupción.
En otro legajo penal le imputaron ejercer influencias sobre la intervención a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, expediente que tramitó el juzgado de Bailaque, con el posible beneficio de 260 millones de pesos que obtuvo cuando el juez dispuso el desbloqueo de los fondos de la cooperativa (1.000 millones de pesos), transferidos a la Mutual del Grupo Unión S.A., que administraba el empresario.
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