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La causa conocida como “Vacunas VIP” pasa a la Justicia Federal.
1 marzo 2021 - 10:00
La propia Dra. Marcantonio había expresado que no era competencia de la Justicia Ordinaria. Recaerá en el Juzgado Federal a cago del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo.
Luego de que la Justicia Ordinaria de San Nicolás comenzará a investigar de oficio las presuntas irregularidades que habría en torno a la aplicación de la vacuna del Covid en la ciudad, se consideró que el tema le compete a Justicia Federal.
Fue la Dra. Verónica Marcantonio la encargada de abrir la investigación con el entero aval de la fiscal general subrogante, Dra. Sandra Bicetti, solicitando al juez de garantías, Dr. Román Parodi, una orden de presentación de la documentación existente en los vacunatorios del hospital San Felipe y de la E.E.T. Nº 2. Recordemos que esas diligencias se convirtieron luego en allanamientos.
Con la prueba recolectada hasta el momento, la Dra. Marcantonio considera que la investigación es competencia de la Justicia Federal, por lo que el expediente con el material secuestrado será remitido al Juzgado Federal a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo.
Allanamientos:
Recordemos que el pasado martes estalló el escándalo en San Nicolás cuando la Policía Judicial, Policía Federal y la propia Marcantonio, llegaron al vacunatorio del hospital San Felipe a requerir documentación sobre la campaña de vacunación local. Los papales solicitados fueron entregados voluntariamente por los directores asociados del HIGA, Brenda Nuciari y Mauricio Campanella y los trabajadores del nosocomio que estaban presentes, más otros que se acercaron exclusivamente para colaborar con la Justicia. A pesar de ello, la fiscalía consideró que había que activar un allanamiento y fue requerido al Juez de Garantías que expidió la orden automáticamente.
Durante el procedimiento, según puede precisar Prensa Libre SN, la fiscalía se llevó el disco duro de la computadora personal de la Dra. Brenda Nuciari, quién lo habría entregado voluntariamente para que le realicen las pericias que consideren correspondientes.
Además se incautaron los registros digitales y en papel de los inoculados hasta ese momento, se compararon los mismos con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) y se detalló la cantidad de dosis que rinde cada vacuna, entre otras medidas.
Parte de los documentos secuestrados.
Lo que sigue:
De ahora en más, el avance de la investigación gira en torno a las comparaciones que se harán entre los documentos incautados y el registro de vacunados del Ministerio de Salud.
Según lo que se desprenda de este trabajo, se podrá saber si las personas que se inocularon hasta ese momento y que no forman parte del personal sanitario, pudieron hacerlo gracias a una maniobra del hospital San Felipe o porque el turno de vacunación llegó directamente de la cartera de salud de la provincia. Lo que habrá que dilucidar, de ser el último caso, son los motivos, ya que existe la posibilidad de que el inoculado haya falseado datos personales en la declaración jurada de inscripción y que, debido a eso, haya podido vacunarse antes de lo que marca el protocolo.
Todas esas dudas serán despejadas con el avance de la investigación judicial.
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